El Gobierno anunció que prohibirá el lenguaje inclusivo en la administración

El Gobierno nacional anunció ayer que “iniciará las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional”.

En su habitual conferencia de prensa, el portavoz presidencial Manuel Adorni, dijo que, por indicación del mandatario se iniciarán “las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional”.

En consecuencia- agregó el vocero presidencial- “no se va a poder utilizar la ‘e’, la ‘@’, la ‘x’ (para eludir la identificación binaria del masculino o femenino) y evitar la innecesaria inclusión del femenino en los documentos de la administración pública”.

Consultado sobre la posición de diversos colectivos que se expresan en contra del uso del idioma dictado por la Real Academia Española, Adorni dijo que “el lenguaje que contempla a todos los sectores es la lengua castellana”.

“Es un debate en el que no vamos a participar, porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política”, sostuvo el vocero presidencial.

RÉPLICAS

En respuesta al anunció, referentes del sector político, social y de la justicia aseguraron ayer que “el reconocimiento del lenguaje inclusivo viene de la mano del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la identidad”.

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Vilma Ibarra, exsecretaria Legal y Técnica de la Nación en la presidencia de Alberto Fernández, ironizó en su cuenta de la red social X que “si esta medida no logra que baje la inflación y mejoren los ingresos, yo ya no sé qué más pueden hacer”.

“Se dicen liberales y te prohíben (sí, prohíben) las formas de expresión que no les gustan. Bien facho”, opinó.

Mónica Macha, diputada nacional de Unión por la Patria, aseguró que “A (el presidente Javier) Milei no le molesta el lenguaje inclusivo, le molesta la libertad”.

“El reconocimiento del lenguaje inclusivo viene de la mano del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la identidad de género. Eso es lo que quieren prohibir”, sostuvo la legisladora, reconocida por su trabajo en políticas de género.

La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) expresó en redes sociales que el anuncio de eliminar el uso del lenguaje inclusivo de la administración publica “no sorprende de un gobierno que también elimina trabajo, alimento, educación, salud pública y soberanía”.

Leandro Santoro, diputado de Unión por la Patria, también utilizó su cuenta de X y escribió: “Decir ´nosotres´ está prohibido. Decir ´mogólico de mierda´ es el estilo presidencial. Me parece perfecto que regulen el lenguaje, hablar bien no cuesta un carajo”.

Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, explicó las dificultades que podría traer la eliminación de la perspectiva de género en la Justicia.

“Sin perspectiva de género podrían existir condenas injustas a mujeres que se defienden en episodios de violencia de género y exige a los jueces y juezas hacer un análisis probatorio profundo de la evidencia con esa perspectiva en cada caso en concreto”, explicó el magistrado, y aclaró que “perspectiva de género es mucho más que lenguaje inclusivo. No se puede confundir perspectiva con lenguaje”.

“La perspectiva de género es una herramienta que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres son debido a construcciones culturales asignadas”, concluyó Morabito.

Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista acusó al gobierno nacional de “falsos liberales, son fascistas”.

“De liberalismo tienen solo la comunión con el mercado. Impedir el lenguaje inclusivo es un retroceso en materia de libertades fundamentales”, aseguró la intelectual, y recordó que esta nueva disposición atenta contra la aplicación de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.

La Ley 27499, promulgada el 10 de enero de 2019, explicó que “es obligación y responsabilidad del Estado, en todos sus estamentos y poderes, formarse en esta perspectiva para promover intervenciones adecuadas, que no reproduzcan y perpetúen prácticas desiguales y violentas”, según la web Argentina.gob.ar.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para incorporar la Ley Micaela. Yo estoy segura de que los Estados provinciales no van a terminar con esta normativa. Es antojadiza la posición del Gobierno nacional. Estamos al filo de lo dictatorial. Todos los días hay una novedad de retroceso de derechos”, alertó Barrancos.