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Además el juez Ercolini dispuso que le levanten el secreto fiscal y bancario, al igual que a los otros imputados
Expresidente Alberto F.
Tras el pedido del fiscal, el juez federal Julián Ercolini ordenó anoche la inhibición general de bienes del expresidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario por el escándalo de los seguros. La misma medida alcanzó a otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios imputados en la causa. En total son 33 personas y compañías vinculados al escándalo millonario como integrantes de una presunta red de corrupción.
El magistrado está investigando las presuntas irregularidades surgida en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el exmandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa “Nación Seguros SA, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos de comisiones.
Entre los aspectos centrales que la Justicia cuestiona, se encuentra el hecho de que ese decreto habilitando un segundo paso: la contratación de intermediarios que percibían millonarias comisiones.
También se planteó en la causa que la decisión de Alberto Fernández vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas “que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.
Además, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.
La inhibición también alcanzó a dos ex funcionarios de Nación Seguros, que había sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras.
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También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: 7 de mayo e Irigoin.
En consecuencia, ninguno de los implicados en la inhibición podrán vender o disponer de sus bienes.
Además, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales (públicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.
El pedido lo había solicitado Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal número 6, y este martes el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la “inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas” detrás del escándalo de los “brokers”.
La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros de la Anses y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.
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