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Nayara Batschke
Parlamentarios de la Comisión de Defensa de Chile se reunieron en una sesión especial en la Antártida chilena para abordar “las condiciones geopolíticas imperantes” en un momento de fricciones diplomáticas con Argentina por reivindicaciones de soberanía y un supuesto hallazgo de petróleo que hizo Rusia. Los legisladores llegaron al continente blanco y mantuvieron una reunión en la base aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, en la que también participaron la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Hugo Rodríguez.
El encuentro se trata de un acto de “soberanía nacional” frente a “cualquier amenaza” externa y en señal “de protección al territorio nacional”, señaló la diputada Camila Flores, integrante de la comisión, en su cuenta de Instagram antes de la cita.
“Vamos a estar sesionando en la Antártida en un acto de soberanía, de resguardo y de apoyo a nuestra soberanía nacional frente a cualquier amenaza de nuestros vecinos, ya sean rusos, ya sean argentinos, en señal de protección a nuestro territorio nacional”, dijo en un vídeo.
Aunque no es la primera vez que la comisión chilena se reúne en el territorio antártico, esta sesión cuenta con un carácter especial debido “a las condiciones geopolíticas imperantes”, detalló la Cámara de Diputados.
La reunión se produce en momentos de cruces diplomáticos con Argentina por reivindicaciones de soberanía después de que el mandatario Javier Milei anunciara en abril la construcción de una base militar en la Patagonia con participación de Estados Unidos. En la ocasión, Milei afirmó que dicha instalación “nos avala el reclamo sobre la Antártica”, unas declaraciones que fueron enseguida refutadas por el Ministerio de Exteriores de Chile.
Las autoridades chilenas también han manifestado preocupación ante el presunto hallazgo —aún no confirmado— de unos 500 millones de toneladas de petróleo por parte de científicos rusos en la Antártida, un territorio reclamado por Chile, Argentina y el Reino Unido, entre otras naciones.
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De acuerdo con un informe presentado la semana pasada en el Parlamento británico, Rusia habría descubierto gigantescas reservas de petróleo en el continente helado, donde se prohíbe expresamente cualquier tipo de explotación en el Tratado Antártico, vigente desde 1961.
El presunto descubrimiento ha generado inquietud a nivel global no sólo por su posible interés por el potencial económico sino también por las implicaciones políticas y medioambientales.
El presidente de la Comisión de Defensa, Francisco Undurraga, reconoció antes de la cita que los últimos acontecimientos “han abierto algunas cuestiones que nos preocupan” y destacó que Chile seguirá defendiendo que Antártida “sea un continente para la paz y no para la guerra, también que siga vigente el tratado”. En la misma línea se manifestó hace unos días el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien hizo hincapié en que el país “ha defendido, defiende y defenderá que la Antártida es un continente de ciencia y de paz” y se opondrá “firmemente a cualquier explotación comercial de minerales e hidrocarburos”.
“Trabajaremos en conjunto con todos los países reclamantes y los firmantes del Tratado Antártico para velar por el respeto de esta norma por parte de cualquier nación”, completó en un mensaje publicado en X, antes Twitter.
Firmado en diciembre de 1959 y en vigor desde el 23 de junio 1961, el Tratado Antártico fue ratificado por los 12 países que habían desarrollado actividades en el continente blanco anteriormente. Los países signatarios fueron Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Bélgica, Sudáfrica, Rusia, Chile, Francia, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos.
Entre otros puntos, la alianza establece a la Antártida como un continente dedicado a la paz y a la ciencia, prohíbe cualquier explotación en su territorio y congela cualquier reclamo territorial.
Entre los signatarios hay siete países (Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido) con reclamos territoriales, mientras que Estados Unidos y Rusia consideran que tienen “fundamentos para reclamar”.
Pero según estipula el acuerdo ninguna actividad que se lleve a cabo mientras el tratado esté vigente “constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial” en la Antártida.
AP
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