Reclamo empresarial por los permisos de obra en la Ciudad

Suspendidas las contrataciones para obras públicas solventadas por la Nación y paralizada la mayoría de los proyectos particulares debido a los altos costos de la construcción en relación a los precios de venta, las trabas en las tramitaciones municipales “vienen a poner una piedra más” en la ya situación crítica de las iniciativas edilicias, según la Cámara de Desarrolladores Urbanos Región Capital La Plata (CDU).

Así lo hizo saber la entidad en una nota de pedido de audiencia en el Municipio donde se detalla también una serie de situaciones percibidas como obstáculos burocráticos con los que se encuentran los profesionales a la hora de intentar avanzar con los trámites que se les exigen para construir.

Esa imposibilidad para llevar adelante los proyectos se origina, según el planteo, en la no instrumentación de ordenanzas aprobadas durante la gestión anterior y bajo las cuales se iniciaron, por caso, los trámites de permiso de obra.

Obras frenadas

En la nota que anticipa los motivos del pedido de audiencia, los desarrolladores de la Región atribuyen el “parate” de las tramitaciones habilitantes de las obras a “cambios impuestos por los nuevos funcionarios designados en cada área”, y en ese sentido se refieren a la Secretaría de Planeamiento y la Dirección de Obras Particulares municipales.

La Cámara recuerda la experiencia con el último cambio de gestión comunal, y advierte que se podría caer, “como ha sucedido en el año 2015”, en una ”angustiante y dañina inseguridad jurídica”.

Por ese motivo, se resalta en la nota, que “los cambios de criterios en la implementación de ordenanzas, decretos, reglamentos y procedimientos, no hacen otra cosa que profundizar la crisis económica en nuestra ciudad, ralentizando, y en muchos casos expulsando las tan necesarias inversiones directas e indirectas que nuestra actividad (industria de industrias por su efecto multiplicador) genera en la Región”.

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Además, la entidad subraya la necesidad de abordar los “temas apremiantes para el desarrollo urbano de la Ciudad” y en ese punto se refiere a “trascendidos periodísticos” que habrían señalado la no aplicación de ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante y trámites vinculados con el Código de Ordenamiento Urbano en los diferentes encuadres que alcanzan a los desarrollos urbanísticos.

Lo que demanda el sector, en síntesis, es que el Ejecutivo municipal cumpla con las ordenanzas vigentes, aprobadas por el Concejo durante la anterior gestión de la Ciudad.

Algunos números

Según la Cámara, hay unos 120 barrios creados a partir de usurpaciones. También, alrededor de 250 loteos indivisos. Esas parcelas divididas de forma “antirreglamentarias”, según resalta el escrito, al no estar contempladas por una zonificación, “generan un gran perjuicio a la Ciudad”, ya que por esa razón quedan numerosos lotes “inescriturables”, lo que va en detrimento de la actividad.

De acuerdo con las estimaciones del sector, hay aproximadamente 40 expedientes iniciados bajo las nuevas normativas que todavía no se resolvieron. Muchos de esos correspondientes a obras en marcha, con pagos de tasa por Plusvalía Urbanística. Eso equivale, según los cálculos de la entidad, a unos 6.000 lotes de terreno.

Según la Cámara, hay unos 120 barrios creados a partir de usurpaciones

También se calcula una inversión directa en obras de infraestructura aproximada de U$S 60 millones, y obras indirectas (construcción de viviendas) estimada en U$S 720 millones.

El nucleamiento de desarrollares urbanos platenses remarca, asimismo, el esfuerzo que le insume al sector cada emprendimiento inmobiliario. En el caso del volumen de trámites que deben encarar con cada proyecto enumeran en la nota al intendente las incontables gestiones que se realizan en ámbitos municipales, provinciales y de empresas de servicios, a lo que se le suma la contratación de diversos profesionales.

En esa línea, los profesionales resaltan que “los emprendimientos inmobiliarios demandan mucho tiempo y grandes inversiones para llevarlos adelante y brindar seguridad tanto al desarrollador como a los adquirentes de unidades”, y solicitan “contar con normas y reglas claras que perduren en el tiempo”.