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El informe dado a conocer en las últimas jornadas, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, según el cual el 63 por ciento de los chicos en el país es pobre y el 16,2 por ciento se encuentra bajo la línea de indigencia, expone con crudeza la magnitud de un drama social que debe ser enfrentado y combatido con prontitud por las autoridades y la sociedad toda.
Según se indicó, la cifra de pobreza infantil registrada es “la más alta desde 2010”, año a partir del cual el organismo estadístico comenzó a analizar la evolución de la pobreza y de otros índices socioeconómicos. Este último trabajo refleja la situación hasta 2023.
Los datos surgen del estudio “Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023”, una investigación sobre el contexto socioeconómico de los menores de 17 años.
En base a diversas variables, el estudio muestra que el 32,2 por ciento de los niños y adolescentes en la Argentina actual sufren inseguridad alimentaria; el 55,8 por ciento no cuenta con obra social, mutual ni prepaga por lo que dependen exclusivamente del sistema estatal de salud para recibir atención médica; un 39,5 por ciento padece déficit de servicios básicos en su vivienda (acceso a agua corriente o red cloacal).
Entre los niños argentinos que tienen de 5 a 17 años, el 17,8 por ciento no accede a Internet, el 24,4 por ciento no lo usa, el 51,1 por ciento no tiene celular y el 54,7 por ciento vive en hogares sin computadora, según la investigación.
Como señala la investigación “desde 2011 hasta 2023 se observa un aumento constante en la proporción de hogares y personas con dificultades para acceder a una canasta básica alimentaria o total, con un incremento más pronunciado en la pobreza”.
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Para realizar la medición de la pobreza, los responsables del estudio aplicaron un criterio multidimensional que fija un doble umbral de carencias, uno total y otro severo en base a seis dimensiones de derechos: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y estimulación/educación.
Cabe consignar que según el INDEC, en el segundo semestre de 2023, la pobreza infantil alcanzaba al 58,4 por ciento de la población comprendida en ese rango de edad; por lo que las diferencias entre las cifras de ambos estudios pueden atribuirse a los criterios etarios utilizados para medir la pobreza.
Como contexto conocido y preocupante, podría recordarse que, hace poco tiempo, la representante en Argentina de Unicef llamó la atención sobre la gran “disparidad” de ingreso per cápita que existe entre habitantes de las provincias argentinas, ya que en las regiones del noreste y noroeste del país un niño tiene 6 veces más de probabilidades de caer en la pobreza que en Buenos Aires o en provincias del centro y sur del territorio.
Se ha insistido aquí, en muchas ocasiones, que la pobreza infantil muestra el aspecto más cruel e inaceptable de realidades que deben superarse a todo trance. El espíritu solidario ha hecho una fuerte contribución para atenuar necesidades extremas en zonas afectadas por la marginalidad y la pobreza, pero desde ya que no es suficiente. El Estado tiene, por supuesto, un rol fundamental en una tarea que no acepta omisiones, que debe apuntar a disminuir en forma rápida estos dramáticos índices socioeconómicos que castigan a la infancia.
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