Desde que se implementaron, los créditos hipotecarios UVA fueron objeto de controversia y demanda, a las que se suman nuevas presentaciones de familias de La Plata, otros municipios de la Provincia y la capital federal contra dos entidades bancarias: el Banco Nación y el Banco Provincia.
En las demandas señalaron a las entidades por “calcular las cuotas y el capital de forma ilegal, al no aplicar la Ley 24.283, que impone un tope a la indexación de las deudas”, se sostiene.
Según los denunciantes, “las diferencias podrían superar el 40 por ciento de la cuota mensual y derivar en devoluciones millonarias”.
La presentación, impulsada por abogados especializados en defensa del consumidor financiero, apunta a una práctica que califican de “sistemática y arbitraria”. Se puntualiza en “la omisión del límite legal previsto por la Ley 24.283, una norma de orden público que protege a los deudores frente a la inflación o variaciones desmedidas en los índices de actualización”.
En este caso, “los bancos estarían aplicando incrementos en la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) por encima del índice del metro cuadrado de construcción (UVI), que es el que originalmente debía servir de referencia”, se agrega.
Los damnificados sostienen que “los préstamos UVA fueron diseñados en base al valor del metro cuadrado de construcción y que, por lo tanto, el capital ajustado no puede superar la variación real del bien vinculado”. Sin embargo, denuncian que “desde mediados de 2023 el cálculo del coeficiente CER -que define el valor de la UVA- comenzó a separarse drásticamente del índice UVI, generando un desfase creciente entre lo que las familias pagan y lo que deberían pagar si se aplicara la ley”.
Un caso testigo -ya pubicado por EL DIA- presentado por una deudora del Banco Provincia, Julieta Doglia, expone el conflicto. Según su reclamo, “al 31 de agosto de 2025 el banco le exigía una cuota de $780.808,28, cuando el tope legal fijado por la Ley 24.283 la limitaba a $556.396,48. La diferencia, un 40,33% por encima de lo permitido, representa un cobro indebido que a esa fecha ascendía a casi ocho millones de pesos. Si se recalculara todo el préstamo, el capital adeudado pasaría de $83.573.406,53 a $51.556.385,01”.
Los denunciantes también argumentaron que “este patrón se repite en numerosos casos, con cuotas infladas y capitales artificialmente incrementados”.
Además en los planteos incluyeron “falta de transparencia en la información financiera”.
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