Devolver las potestades tributarias a la Provincia

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La pelea entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof tiene un solo origen. Impensado para muchos, incluso para los propios contendientes y, fundamentalmente, para el que tiene las de perder (el gobernador). Este origen es la coparticipación. Veamos por qué.

Según datos de la CEPAL, la provincia de Buenos Aires contribuye con el 33% al valor agregado de la economía argentina. Ergo, su contribución a los impuestos que se meten en la bolsa de la coparticipación, que es lo que se conoce como “masa coparticipable”, debe ser equivalente a este porcentaje. Sin embargo, lo que le toca es apenas el 13%. O sea, por cada 3 pesos que la provincia de Buenos Aires pone en la “masa coparticipable”, le toca solamente 1 peso.

¿Quién es el que más se lleva? El Estado nacional, el 43% de la “masa coparticipable”. Sin contribuir con nada. Porque los que generan el valor agregado son las provincias.

En esta repartija de impuestos es natural que a Buenos Aires no le alcance la plata, aún cuando es la provincia que más pone en la bolsa común.

Por eso, tiene que ir a tocar la puerta del Estado Nacional para que la ayude financieramente. Estas ayudas son las tristemente famosas transferencias discrecionales (el presidente de turno te da, a cambio de algún favorcillo).

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¿Cómo se llegó a esta situación? Resulta que Raúl Alfonsín hereda de la dictadura una anarquía fiscal sin reglas de impuestos ni de distribución de recursos entre el Estado nacional y las provincias. Pasaba que en los gobiernos militares estas reglas no hacían falta porque el presidente era un militar de facto y los gobernadores militares interventores puestos por el presidente de facto.

Entonces, el presidente de facto mandaba a las provincias la plata que se le ocurría y los militares interventores de las provincias hacía la posición de firme con la venia y lo que podían con la plata que recibían.

Con la llegada de la democracia, esto cambió. El presidente electo era Alfonsín y los gobernadores de provincias eran dirigentes con autonomía constitucional elegidos por sus ciudadanos. Entonces, los gobernadores -a diferencia de los militares interventores de facto- le exigían al presidente tener una regla clara y automática de organización de los impuestos y transferencias de recursos fiscales entre el Estado nacional y las provincias.

Así es como Alfonsín negoció, en inferioridad de condiciones, la actual Ley 23.548 de coparticipación que comenzó a operar en 1988. Inferioridad de condiciones porque la mayoría de los gobernadores eran del peronismo del interior.

Para poder destrabar la negociación, hizo ceder a la provincia de Buenos Aires (que era de la UCR), unos 10 puntos de la coparticipación a favor de las provincias del norte (donde el peronismo era fuerte). Esto se hizo bajo la idea de que esta ley era transitoria, ya que se estipuló que duraba sólo 2 años. Claro, pero a principios de 1990 estábamos en hiperinflación, entonces, que nos vamos a poner a discutir la coparticipación.

Resulta que los bonaerenses del Conurbano votaron para gobernador a un “marxista” y para presidente a un libertario. Chau, se terminó la ayuda del Estado nacional a la provincia de Buenos Aires y emergió este problema escondido “bajo la alfombra” que es la desfinanciación por la “transitoria” ley de Coparticipación.

La solución

El gobernador Kicillof insiste en que el presidente Milei lo reciba para pedirle ayuda. El camino parece inconducente porque Milei no lo quiere ayudar. Y tampoco corresponde que lo haga porque en un país federal, las funciones locales (que no son sólo seguridad, sino también salud, educación, vivienda, urbanismo, agua y saneamiento, rutas provinciales, etc.) son responsabilidad de las provincias, según la Constitución nacional.

Cierto es también que el presidente terminó con las ayudas discrecionales a provincias, pero se quedó a mitad de camino, esto es, devolver las potestades tributarias a las provincias.

Lo que esto significa es que, en la Ley de Coparticipación, las provincias le delegaron al Estado nacional sus potestades tributarias, a cambio de que se fijen reglas fijas y automáticas de distribución de los tributos.

Si el Estado nacional no va a ayudar más a la provincia de Buenos Aires, la perjudicada por la coparticipación, lo que corresponde es que le devuelva sus potestades tributarias para que la Provincia viva con sus impuestos. Obvio, esto no es tan fácil porque implica eliminar la coparticipación.

Pero no es imposible. Se puede hacer mediante un Acuerdo de Coordinación Tributario y Funcional entre el Estado nacional y las provincias de forma tal que se les devuelva a estas el IVA para ser unificado con Ingresos Brutos provinciales en un único impuesto a las ventas. De esta forma, cada provincia se financia con los recaudado por este impuesto a las ventas en su territorio (coordinación tributaria) y cada provincia se hace cargo enteramente de las funciones locales, sin ayudas del Estado nacional (coordinación funcional).

No es imposible. Pero se necesita vocación para la alta política. La política de verdad.