

Sandra Pettovello saliendo de su oficina en recoleta / NA
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Se realizó a través de un organismo de Naciones Unidas. La acusan de malversación de caudales públicos. Arroz, fideos y leche en polvo, con una comisión del 3% por intermediación
Sandra Pettovello saliendo de su oficina en recoleta / NA
El fiscal federal Franco Picardi investiga a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello por la compra de alimentos que su cartera hizo el año pasado, a través de un organismo de las Naciones Unidas, por un total de 14 mil millones de pesos.
La denuncia había sido presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y está a cargo del juez federal Ariel Lijo como subrogante del juzgado federal 12.
El denunciante pide investigar a la ministra por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario.
El fiscal Picardi impulsó la investigación en febrero último y solicitó medidas de prueba a raíz de la denuncia que indica que el 8 de febrero de 2024 la Ministra habría firmado una resolución para transferir 14 mil millones de pesos al programa de compras de alimentos y esta no se habría concretado.
La transferencia se habría hecho a un programa de Naciones Unidas (PNUD) para la compra de los alimentos, arroz, fideos y leche en polvo, según la denuncia.
El de PNUD, es uno de uno de los dos procesos licitatorios que la ministra activó en febrero del año pasado, cuando comenzaba a escalar el reclamo de las organizaciones sociales por el reparto de mercadería para los comedores comunitarios.
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Pettovello cerró un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por una cifra cercana a los 7000 millones de pesos y otro con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el que ahora está bajo observación, por 14.000 millones de pesos, para comprar arroz, fideos y leche en polvo.
Ese dinero fue hacia los organismos para que ellos, comisión mediante, se ocuparan de poner en marcha el proceso licitatorio y ejecutaran la compra de la mercadería. Además, se indica que el Estado habría pagado una comisión del 3% por la intermediación y que la licitación no habría seguido adelante por la adquisición de un millón de unidades de cada producto.
Picardi impulsó la investigación en un dictamen firmado en febrero pasado donde pidió medidas de prueba como informes a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
No es la primera vez que los convenios con los organismos internacionales quedan en la mira de la Justicia. En paralelo a la compra de alimentos, el ministerio firmó un convenio con la OEI para realizar contrataciones de personal.
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