Volvieron a allanar la sede de la UTN La Plata por el escándalo de las fotomultas

Otra vez allanaron la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, sede regional La Plata, por el escándalo de los cinemómetros y, el oscuro sistema de recaudación que genera, sobre el que hay sospechas de todos lados.

Lo ordenó el juez federal, Ernesto Kreplak, que investiga un presunto fraude por contrataciones irregulares desde esa casa de altos estudios con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) y diversas municipalidades bonaerenses.

Según fuentes judiciales, el operativo, a cargo de Gendarmería, tuvo como foco una estructura de contratos cruzados: empleados de CECAITRA, que también serían funcionarios de la UTN, firmando convenios desde ambos lados del mostrador.

La investigación detectó que algunos formularios de distribución de ingresos, supuestamente elaborados por la universidad, estaban aparentemente vinculados al CBU de la cámara, sin pasar por los canales administrativos y de control de la UTN.

Este escándalo no es un caso aislado. La Justicia federal de Tres de Febrero también ordenó el allanamiento de once municipios bonaerenses -incluyendo La Matanza, Morón, General Pueyrredón, Zárate y San Isidro- por posibles irregularidades en el cobro de fotomultas.

Esa causa está a cargo del juez Juan Manuel Culotta, con intervención del fiscal Paulo Starc y colaboración del propio Kreplak, quien giró información clave, que permitió avanzar con la investigación, que tendría en la mira a distintas fundaciones y empresas del sector, como Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., según expresaron voceros ligados a la pesquisa.

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La mecánica es similar en todos los distritos. Del total recaudado, un 20 por ciento queda en manos de la Provincia por convenio marco, y el restante 80 por ciento es dividido entre las comunas y los proveedores. Pero lo alarmante es que, en muchos casos, los municipios solo recibirían una mínima cuotaparte, quedando el resto en manos de las empresas y fundaciones universitarias, que ni siquiera figuran en los registros oficiales de proveedores del Estado provincial.

Las causas que sigue así la Justicia federal en La Plata y Tres de Febrero buscan determinar si las universidades actuaron como pantallas para la derivación de fondos públicos hacia intereses privados, afectando los recursos de municipios y, en última instancia, de la ciudadanía.

A su vez, hay otro expediente en La Plata, que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta, ante una denuncia de supuestos beneficios que la gestión de Jorge D‘Onofrio, que estuvo a cargo del Ministerio de Transporte, le habría concedido a CECAITRA, a la que ordenó allanar, al igual que la casa de su presidente.

Sin embargo, en esa causa, el exministro también planteó irregularidades en los radares de la empresa SECUTRANS S.A. y pidió que se le retire el rol de particular damnificado a quien fuera su titular, Leandro Camani.

“El Señor Agente Fiscal, por una elemental cuestión de igualdad ante la ley de distintos justiciables, deberá proceder a formular igual imputación a los responsables de esta sociedad que pretende ser tenida como damnificada”, expuso.

Es que dice que SECUTRANS contaría con 50 equipos de registro sin avales administrativos, lo que pondría en tela de juicio el valor de las infracciones que recepta y las sumas de dinero que se desprenden de las mismas.