Sánchez, cercado por un escándalo de corrupción, intenta resistir en España

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, afectado por un escándalo de corrupción de dos colaboradores, respondió ayer a las demandas de dimisión de la oposición desafiándola a plantear una moción de censura.

“Que presenten una moción de censura y le digan al Parlamento y a los ciudadanos y ciudadanas qué modelo de país quieren para España”, dijo Sánchez en conferencia de prensa, dirigiéndose al Partido Popular (PP), conservador y primera formación de la oposición, y al partido de extrema derecha Vox, que no suman mayoría en el Congreso.

Sánchez compareció ante los periodistas tras una larga reunión de su partido para realizar cambios después de un informe policial apuntando al número tres del partido, Santos Cerdán, de cobrar coimas a cambio de contratos públicos. El informe señalaba asimismo al exministro y antigua mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, y al cercano asesor de este, Koldo García.

Cerdán dimitió el viernes pasado como secretario de organización del PSOE y ayer como diputado, mientras que Ábalos fue expulsado definitivamente del partido ayer.

Ambos jugaron un papel destacado a la hora de impulsar a Sánchez al liderazgo del PSOE en 2017, y este pidió “perdón” la semana pasada por el escándalo.

El presidente del Gobierno defendió la respuesta rápida de su partido, y volvió a descartar dimitir o adelantar elecciones.

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“El Partido Socialista Obrero Español es una organización limpia, limpia”, dijo Sánchez, de 53 años. “No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea”.

Sánchez y los socialistas gobiernan en minoría con el apoyo de varias formaciones de extrema izquierda y nacionalistas catalanas y vascas, con las que pautó encuentros para darles explicaciones.

La primera de estas reuniones fue ayer mismo con Yolanda Díaz, líder de la formación de extrema izquierda Sumar, que gobierna con los socialistas, y vicepresidenta tercera, que le exigió a Sánchez, según explicó a la prensa, “la limpieza absoluta de todos los rincones” del PSOE implicados en el escándalo.

“Lo que ha pasado es muy grave, rompe la confianza”, añadió.

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, compareció después de Sánchez ante la prensa para pedirle que dimita y convoque a elecciones anticipadas.

Sánchez, que gobierna desde 2018, atraviesa su momento de mayor debilidad y tiene otros frentes judiciales abiertos.

Su esposa, Begoña Gómez, es investigada por presunta corrupción y tráfico de influencias; su hermano, David Sánchez, será juzgado por presunto tráfico de influencias por su contratación en una institución pública; y el fiscal general Álvaro García Ortiz, nombrado por el gobierno, está a un paso de sentarse en el banquillo por filtrar documentos judiciales contra la oposición.

PRINCIPALES CASOS JUDICIALES

Considerado durante mucho tiempo como el brazo derecho de Pedro Sánchez, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que fue cesado de sus funciones en julio de 2021, está siendo investigado en un caso de presunta corrupción y desvío de fondos, junto a un antiguo asesor suyo, Koldo García.

La justicia trata de determinar si Ábalos participó en la presunta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de Covid-19, recibiendo comisiones ilegales del empresario Víctor de Aldama, junto a Koldo García.

Esta investigación, que también indaga en posibles adjudicaciones irregulares de contratos públicos, sumó un potente capítulo el jueves pasado al salpicar al número tres del partido socialista (PSOE), Santos Cerdán.

Muy cercano también a Sánchez, Cerdán renunció a sus cargos en la formación, así como a su banca de diputado, después de que un juez del Tribunal Supremo revelara un informe policial que muestra “consistentes indicios acerca de la posible participación” del socialista “en una adjudicación indebida” de contratos públicos a cambio de dinero.

En tanto, la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, está siendo investigada por presunta corrupción y tráfico de influencias en una causa abierta el año pasado tras las denuncias presentadas por dos asociaciones cercanas a la extrema derecha.

La justicia investiga si Gómez se aprovechó de ser la esposa de Sánchez para conseguir dirigir en la Universidad Complutense de Madrid un máster y obtener financiación privada para el mismo.

Se examina también si, a cambio de esta financiación para su curso, ayudó a un empresario a conseguir acceso privilegiado a ofertas públicas.

Gómez comparó dos veces ante el juez, la primera en julio de 2024, cuando ejerció su derecho a guardar silencio, y luego en diciembre, cuando aceptó responder únicamente a las preguntas de su abogado y negó cualquier irregularidad.

La investigación provocó un enfrentamiento entre la fiscalía y el juez encargado de la investigación, mientras que la izquierda denuncia que la causa es parte de una campaña de difamación orquestada por la extrema derecha.

Por otra parte, la justicia busca determinar si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estuvo implicado en la filtración a la prensa de un correo electrónico que mencionaba un posible acuerdo de culpabilidad en un caso de fraude fiscal entre la fiscalía y el empresario Alberto González Amador.

Este último, pareja de la figura ascendente de la derecha española, la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es sospechoso de haber defraudado al fisco español los años 2020 y 2021.

Nombrado en agosto de 2022 a propuesta del gobierno de izquierdas de Sánchez, García Ortiz niega estas acusaciones, que forman parte de una pesquisa sin precedentes en la historia judicial española. Un magistrado del Tribunal Supremo demostró sin embargo que los “indicios” contra el fiscal general por presuntamente haber cometido un “delito de revelación de secretos” quedaron “confirmados” durante la investigación, dejándolo al borde de ser enjuiciado.

En cuanto al hermano menor del premier español, David Sánchez, este fue enviado a juicio a finales de mayo junto con otras diez personas en un caso de presunto tráfico de influencias por su contratación en 2017 por una institución pública de la provincia de Badajoz (suroeste), donde gobernaban los socialistas. “Manos Limpias”, el colectivo cercano a la extrema derecha que interpuso la denuncia, lo acusa de haber utilizado la influencia de su hermano para conseguir el puesto, así como de haber recibido un salario financiado por fondos públicos sin acudir a su lugar de trabajo. El hermano de Sánchez niega cualquier irregularidad.

También está el caso de Leire Díez, militante del PSOE y hasta hace poco desconocido para el gran público, quien quedó en el ojo del huracán cuando la prensa publicó a principios de junio las grabaciones de varias conversaciones comprometedoras, en particular con un comandante de la Guardia Civil y un empresario, ambos señalados en casos que involucran a personas próximas a Sánchez. En una de estas conversaciones, Díez parece buscar elementos comprometedores sobre los mandos de una unidad de la Guardia Civil que investiga la corrupción y delitos graves, prometiendo un cambio un trato benévolo de la justicia a sus interlocutores. Díez, que anunció su salida del PSOE, asegura que sus acciones eran parte de un trabajo periodístico sobre varios escándalos políticos recientes.

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