Sin reformas estructurales no hay superávit fiscal

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Una cosa que es incuestionable del presidente Javier Milei es su mérito por haber bajado abruptamente la inflación gracias a su férreo compromiso con el equilibrio fiscal, demostrado desde el Día 1 de su gestión.

Durante 21 años (2002 - 2023) a los argentinos le vendieron espejitos de colores de que la inflación no existía (Moreno: 2007 - 2015) y terminó en 30% anual; luego que se bajaría con gradualismo (Cambiemos: 2016 - 2019) y terminó en 54% anual; luego que se bajaría con un Pacto Económico y Social y el Programa Precios Cuidados (Massa: 2022 - 2023) y terminó en 211% anual.

Milei cortó por lo sano, superávit fiscal y chau: hoy la inflación es 1,6% mensual.

Ojo, que todavía es alta. Una tasa de 1,6% mensual hace una inflación anual de 21%. Astronómica al lado de la inflación del vecindario (Brasil, Chile y Uruguay) que tiene inflación de 5% anual.

O sea que Argentina -para estar a tono con el vecindario y no le “saquen el cuero”- tiene que tener una tasa de inflación mensual de 0,4%. O sea, 4 veces menos que la tasa de junio. Pero, bueno, que siga la esperanza mientras dure.

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Cuestión es que los críticos (que los hay en todos lados) señalan que la base de la baja de la inflación (el superávit fiscal) es endeble. Que hacen falta reformas estructurales.

Ciertamente, se logró licuando jubilaciones, licuando salarios públicos, cortando fondos discrecionales a provincias (lo cual es correcto, solo que también había que devolverles las potestades tributarias -como bien lo dijo el propio presidente Milei), los fondos discrecionales a organismos públicos (Garrahan, Universidades, etc.) y la obra pública nacional (las rutas nacionales están en la condición de pista justa para traer de nuevo el Dakar a la Argentina).

Un superávit endeble

Dicen (los críticos) que hay que avanzar en las reformas estructurales para darle sustentabilidad institucional al superávit fiscal. Esta será la palanca que eleve la confianza de los inversores sobre la profundidad del cambio en Argentina, que es lo que se requiere para que venga el boom de inversiones extranjeras (y de argentinos con ahorros en el extranjero). En cierta forma esto es lo que sucedió en la primera etapa del gobierno de Carlos Menem. Que sería auspicioso que la tan promocionada y cuestionada película de su vida haga, aunque sea, una tangente alusión para que los argentinos con canas recuerden y los sin canas, se enteren.

Sin reformas estructurales, el diablo mete la cola. El mejor ejemplo es lo que pasó con la reforma previsional sancionada por la oposición en el Congreso.

El tema es así. Resulta que el sistema previsional argentino tiene una falla muy gravosa en su impacto, pero muy simple en su solución. La falla es que exige un mínimo de 30 años de aportes para jubilarse. O sea, que si vos tenés 29 años con 11 meses de aportes, no te jubilás. En este caso particular, pagás una cuota de monotributo y los solucionás, pero el ejemplo es para mostrar lo ridículo e irracional de la norma.

De hecho, si tenés 20 años de aportes, no son para nada pocos, y no te jubilás, y no lo solucionas con cuotas de monotributo porque te va a salir carísimo. Y menos lo solucionas con 15 años de aportes o menos.

Moratoria y aportes

Cuestión es que durante 20 años (2005 - 2025) la gente se jubilaba con moratorias. Esto es, el Estado la hacía autodeclararse evasora por los años que le faltaban para llegar a 30 y le daba un perdón y un plan de pago que lo pagaba con la propia jubilación. A este reconocimiento de la evasión le pusieron el eufemismo de “Plan de Inclusión Previsional”.

En marzo 2025 venció la última moratoria. El gobierno (correctamente) no la renovó. Pero tampoco sacó el requisito mínimo de 30 años de aportes (no hizo la reforma estructural). Con lo cual la gente con menos de 30 años de aportes no se puede jubilar. Esto legitimó a que la oposición se pusiera opositora y le renovara a la fuerza la moratoria.

Pero vino con dos regalitos más. Aumento de 7,2% para todas las jubilaciones, que fue el no aumento de enero 2024 que brindó el aporte al superávit fiscal, y aumento del bono para los que reciben la mínima de $70.000 a $110.000.

Beneficio: las jubilaciones quedarán en el mismo nivel real que en el 2023, que no dejan de ser una miseria porque están un 35% abajo del nivel del 2017 que es cuando se desató la actual crisis económica.

Costos: la renovación de la moratoria 0,19% del PBI; el aumento de bono de $70.000 a $110.000 cuesta 0,38% del PBI; el aumento de 7,2% a todas las jubilaciones cuesta 0,41% del PBI; Total: 1% del PBI. Chau superávit fiscal que es de 0,3% del PBI.

La reforma estructural del sistema previsional, al menos la más urgente (porque hay muchas más), es eliminar el requisito del mínimo de 30 años de aportes para jubilarse.

Por no hacer la reforma estructural, el diablo metió la cola y de 0,3% de superávit fiscal se pasará a 0,7% de déficit fiscal.

El presidente ya avisó que va a vetar.

Pero no se puede sostener el endeble superávit fiscal en base a vetos. Tan imprescindibles como urgentes son las reformas estructurales. Y la oposición lo dejó demostrado.