El Gobierno, querellante contra la AFA por más de $19 mil millones

La disputa judicial entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un fuerte giro. Ayer, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó como querellante a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en la causa que impulsó contra la entidad y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta retención indebida de tributos y el no pago de aportes de IVA, Ganancias y recursos de la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos.

Esta decisión le otorga al Estado un rol activo en el proceso judicial, ya que podrá acceder al expediente completo, proponer y solicitar medidas de prueba, participar en peritajes y apelar decisiones dentro de la investigación.

El eje de la acusación

La acusación de la ARCA se centra en la presunta retención indebida de impuestos y aportes a la seguridad social que la AFA habría realizado entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la denuncia, la entidad que preside Tapia actuó como agente de retención, descontando tributos a terceros —como empleados y clubes— pero sin depositar esos fondos dentro del plazo legal, que por normativa es de 30 días corridos.

El monto total bajo sospecha por el presunto perjuicio asciende a $19.353.546.843,85 e incluye retenciones de IVA y Ganancias, además de contribuciones previsionales que no habrían ingresado al fisco.

Presentado a fines del año pasado, el expediente iniciado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero sostiene que la omisión o el retraso en el depósito de los fondos mencionados constituye una maniobra tipificada en el Régimen Penal Tributario vigente.

“La ley establece un plazo de 30 días corridos desde el vencimiento para el ingreso del tributo o del recurso de la seguridad social retenido. El delito de apropiación indebida de tributos y de los recursos de la seguridad social se consuma por la omisión total o parcial del depósito cuando ha concluido el término legalmente previsto para efectuarlo”, explicó ARCA en su denuncia.

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Además de la AFA, en su carácter de persona jurídica, figuran como imputados Tapia; su tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino; el secretario general, Cristian Malaspina; y el director general, Gustavo Lorenzo, entre otros directivos.

La aceptación del Gobierno como querellante cambia por completo la dinámica del proceso judicial y complica aún más la situación de la AFA. A partir de ahora, la ARCA podrá acompañar al Ministerio Público Fiscal en su rol acusatorio.

En este marco, el juez Amarante habilitó nuevas medidas de prueba y levantó la feria judicial de enero para esta causa, con el objetivo de avanzar en las diligencias. La decisión acelera los plazos procesales en un caso sin precedentes en el ámbito del fútbol argentino.

Máxima tensión

La novedad judicial se produce en un contexto de máxima tensión entre la conducción de la AFA y el Ejecutivo, que incluye desde medidas administrativas hasta conflictos públicos en torno a la gestión del fútbol.

La investigación no se limita a esta causa fiscal. Existen además otras pesquisas por el manejo de fondos vinculados a la entidad deportiva, entre ellas una investigación por una supuesta maniobra de lavado de dinero a través de Sur Finanzas, empresa presuntamente ligada a Tapia. En paralelo, desde la Inspección General de Justicia —que depende del Ministerio de Justicia- le reclaman a la AFA que esclarezca presuntas irregularidades detectadas en sus últimos balances.