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Desde infraestructura y telecomunicaciones hasta minerales estratégicos, especialistas advierten que la presencia de empresas chinas en la región responde a una lógica política que podría condicionar decisiones clave de los países
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El avance de China sobre América Latina dejó de ser un fenómeno estrictamente económico para convertirse en una cuestión geopolítica de creciente relevancia. Así lo planteó el vicepresidente del Instituto Republicano Internacional (IRI), Randy Scheunemann, quien participó en una cumbre en Buenos Aires junto a dirigentes políticos, periodistas y referentes de la sociedad civil de nueve países.

Según el especialista, el despliegue de empresas chinas en la región no responde únicamente a intereses comerciales, sino que forma parte de una estrategia deliberada del Estado chino para ampliar su influencia política y económica en el hemisferio occidental.
En ese sentido, remarcó que, a diferencia de otros modelos, las compañías chinas que operan en el exterior mantienen un vínculo directo con el poder político. “No existe tal cosa como una compañía china independiente”, sostuvo, al advertir que estas entidades funcionan alineadas con los intereses del Partido Comunista.
Uno de los puntos centrales del diagnóstico es el interés de China en sectores considerados estratégicos, como la energía, el transporte y las telecomunicaciones. De acuerdo con Scheunemann, el control de estas áreas no solo tiene implicancias económicas, sino también políticas y de seguridad.
Particularmente, puso el foco en el desarrollo de redes de comunicación, como el 5G, donde empresas chinas han ganado terreno en distintos países de la región. Según explicó, este tipo de infraestructura puede convertirse en una puerta de acceso a información sensible, lo que genera preocupación en materia de seguridad nacional.
A esto se suman los proyectos de conectividad internacional, como los cables submarinos. En ese marco, mencionó iniciativas que buscan unir América Latina con Asia a través de redes de transmisión de datos de gran escala, lo que, según advirtió, podría habilitar mecanismos de monitoreo o interceptación de información.
El interés chino en la región también está fuertemente vinculado a los recursos naturales críticos. Minerales como el litio y las tierras raras se volvieron esenciales para el desarrollo de tecnologías vinculadas a la energía, la electromovilidad y la defensa.
En este contexto, América Latina ocupa un lugar estratégico. El denominado “triángulo del litio”, integrado por Argentina, Bolivia y Chile, concentra más de la mitad de las reservas globales, lo que posiciona a estos países en el centro de la disputa geopolítica.
Según datos citados durante el encuentro, China domina gran parte del procesamiento mundial de estos minerales, lo que le otorga una ventaja significativa en la cadena de valor. Este dominio, advirtió Scheunemann, puede traducirse en herramientas de presión económica frente a eventuales conflictos o desacuerdos internacionales.
Otro de los aspectos señalados es la forma en que se estructuran muchos de los acuerdos entre países latinoamericanos y empresas chinas. Según el dirigente, estos convenios suelen caracterizarse por niveles de confidencialidad que dificultan el control institucional.
En ese marco, planteó que la falta de transparencia amplía los márgenes de influencia externa, ya que limita la capacidad de los parlamentos y de la opinión pública para evaluar los términos de los contratos.
Frente a esto, sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas constituyen herramientas clave para equilibrar las relaciones internacionales. “Cuando los acuerdos son públicos, pierden atractivo para quienes buscan operar sin control”, afirmó.
El diagnóstico también incluyó una advertencia sobre el crecimiento del crimen organizado en América Latina. Según Scheunemann, las organizaciones delictivas transnacionales han incrementado su capacidad de influencia, aprovechando debilidades estructurales en los Estados.
El fenómeno, explicó, se sostiene a partir de la corrupción, con redes que logran infiltrarse en distintos niveles de la administración pública. Esto no solo afecta la seguridad, sino que también condiciona el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Como antecedente, mencionó el caso de Colombia en las décadas de 1980 y 1990, cuando el narcotráfico llegó a tener un peso determinante en la estructura del Estado.
En términos políticos, el especialista definió el momento actual como una “encrucijada” para América Latina. Por un lado, señaló avances en algunos países hacia modelos de libre mercado y mayor integración con democracias occidentales. Por otro, advirtió sobre el riesgo de retrocesos hacia esquemas más cerrados o estatistas.
En ese contexto, consideró que uno de los principales desafíos será sostener la estabilidad institucional y evitar cambios bruscos que puedan debilitar los sistemas democráticos.
Además, vinculó este escenario con la creciente presencia de actores internacionales como China, Rusia e Irán, que buscan ampliar su influencia en la región a través de distintos mecanismos, desde inversiones hasta campañas de desinformación.
Frente a este panorama, Scheunemann planteó que la respuesta debe ser coordinada entre los países de la región y sus aliados. En particular, destacó la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios, mejorar los controles y promover mayor cooperación en materia de seguridad e inteligencia.
También subrayó el rol de la sociedad civil y de los medios de comunicación en la visibilización de estos procesos, como parte de una estrategia más amplia para defender los sistemas democráticos.
En definitiva, el diagnóstico apunta a una región atravesada por tensiones crecientes, donde los intereses económicos, políticos y estratégicos se entrelazan en un escenario global cada vez más competitivo.
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