Una ley costosa para el Gobierno, que afronta la agitación política callejera

@mnspezzapria

El oficialismo estaba ayer realmente complicado para que la Cámara de Diputados tratara la reforma previsional impulsada por el presidente Mauricio Macri. Afuera del Congreso se registraba una batahola entre manifestantes y la Policía que custodiaba el palacio legislativo, en un número muy inferior a la semana pasada. Por momentos, se asemejaba a una batalla cuerpo a cuerpo.

Pero en medio de las caóticas imágenes de la Plaza de los Dos Congresos y la Avenida de Mayo, sucedieron dos hechos que cambiaron el curso de los acontecimientos: primero llegó la Gendarmería a reforzar a los vapuleados policías –lo que hizo retroceder a los más violentos- y luego, dentro del recinto, el exabrupto de una diputada opositora fue un boomerang político.

La rionegrina María Emilia Soria, conocida por su ímpetu y tenacidad, calificó de “prostitutas de Macri” a los gobernadores que apoyaron la reforma previsional, sobre todo a los del PJ y al de su propio distrito, que habían estado en el Congreso horas antes. Semejante acusación obtuvo un inmediato rechazo de los diputados peronistas que se alinean con los mandatarios provinciales.

El jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, dijo entonces que ese nucleamiento estaba dispuesto a defender la “responsabilidad” con que los gobernadores actuaban porque tienen que administrar sus provincias y otros sectores políticos, en cambio, sólo piensan y ejecutan como meros opositores. Esa respuesta aclaró de repente el panorama legislativo.

De hecho, la declaración del diputado salteño –alfil del gobernador peronista Juan Manuel Urtubey- provocó la airada reacción de sus colegas kirchneristas que, en ese momento, cayeron en la cuenta de que ya no tenían chances de seguir forzando la caída de la sesión, como lo habían intentado desde el mismo momento en que Cambiemos consiguió el quorum para sesionar.

Entonces quedó claro que tenían la batalla perdida afuera –en las calles, donde las fuerzas de seguridad hicieron retroceder a los manifestantes hasta la avenida 9 de Julio- y que también iban camino a la derrota en el terreno legislativo, donde Cambiemos y sus aliados reunían entre 130 y 140 votos para aprobar la reforma laboral –esta misma madrugada- contra 110 de la oposición.

Antes, según pudo constatar EL DIA en la Cámara de Diputados, los bloques opositores –sobre todo el FpV y los de izquierda- habían intentado todo tipo de artilugios para dilatar la sesión, algo que en los hechos lograron porque las primeras cinco horas de la reunión parlamentaria se consumieron entre mociones de orden y cuestiones de privilegio que no llevaron a nada.

El presidente del cuerpo, Emilio Monzó, le dio la palabra a todos los diputados opositores que la pedían, uno tras otro, para decir lo mismo: que debido a la violencia que se registraba en las inmediaciones del Congreso, no estaban dadas las condiciones para que la sesión continuara. Algunos de ellos parecían amenazar, incluso, con que los incidentes irían en espiral ascendente.

En esos discursos, que se proferían desde el ala izquierda del hemiciclo, aparecía planteada la vieja disyuntiva del “huevo o la gallina”, expresada en una pregunta reiterada: ¿Qué fue primero, la arremetida de grupos radicalizados o la represión de las fuerzas de seguridad? Claro que esos pronunciamientos estuvieron direccionados hacia una justificación de la violencia política.

Salvo Martín Lousteau, ningún otro diputado opositor condenó la utilización de esos mecanismos para influir en las deliberaciones del parlamento. El oficialismo, en tanto, lucía inerte, con pocos argumentos frente a la andanada de los diputados opositores. Incluso hubo un momento en que los legisladores de Cambiemos se reunieron para analizar si les convenía continuar la sesión.

Pero una llamada telefónica desde la Casa Rosada a Monzó llegó justo a tiempo para impedir que eso sucediera. Los funcionarios del presidente Macri le garantizaron al presidente de la Cámara baja que la plaza del Congreso sería despejada en media hora, algo que finalmente sucedió dos horas después. En ese lapso, Cambiemos aguantó la presión para que se terminara la sesión.

La coalición oficialista resistió a duras penas, con escasas intervenciones de Elisa Carrió y del jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, a quienes se les notó el esfuerzo que hicieron por no caer en algunas provocaciones. Tanto fue así, que “Lilita” se paraba y salía del recinto en cada oportunidad en que la aludían, como una forma de contenerse y no alterar la estrategia oficial.

Más allá de eso, al oficialismo no le sobraron argumentos para defender la reforma previsional. Apenas Carrió atinó a recordar que Cristina Kirchner vetó el 82% móvil cuando era presidenta, a modo de chicana para el FpV que la eligió como su blanco dilecto. Es que el recorte que los jubilados sufrirán en marzo próximo –compensado en parte por un bono- no es muy defendible.

El Gobierno aún no explicó los motivos por los cuales buscará reducir el déficit fiscal de 2018 a costa del bolsillo de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que como se sabe son parte de los sectores más postergados de la sociedad. La oposición aprovechaba anoche ese vacío argumental para agitar la protesta social con un cacerolazo.

Por lo visto en la caótica jornada de ayer, tanto dentro del Congreso como en las calles de su entorno, esas protestas continuarán por lo menos dos semanas, ya que luego de la reforma previsional los diputados y senadores deberán tratar el pacto fiscal y el Presupuesto 2018. Este mismo martes habrá un paro de la CGT. Y el clima político se puso espeso este fin de año.

No obstante, el Gobierno avanzaba con la reforma previsional, aunque a un costo impensado.