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La crónica policial bonaerense ofrece testimonios muy frecuentes sobre los casos de personas condenadas por diversos delitos, que disfrutaban de distintos beneficios -tales como el de arresto domiciliario o el de estar excarcelados bajo el sistema de pulseras magnéticas- y que, pese a ello, quebrantan estas condiciones y vuelven a delinquir.
Hace pocos días un adolescente de 17 años de edad, que no debía estar en la calle pues se hallaba desde el 8 de agosto pasado bajo arresto domiciliario en una causa por robo, se encuentra ahora acusado por la justicia juvenil de Morón acusado de haber matado a un joven en la vía pública.
Pocas jornada antes, en otro episodio de índole penal, un hombre de 67 años de edad que había sido condenado por homicidio por la justicia platense en junio pasado e incorporado al sistema del arresto domiciliario, ahora fue detenido en Mar del Plata luego de que asaltara un comercio en la zona de Constitución. Casos así, como se ha dicho, se reiteran a lo largo y ancho de la jurisdicción bonaerense.
Está claro que no se trata de objetar mecanismos excarcelatorios, que no son cuestionables en sí mismos. Sin embargo, está claro que deben ser utilizados con un criterio muy selectivo y verse acompañados, además, por un monitoreo eficaz y constante. De lo contrario, pueden quedar desnaturalizados y convertirse en un peligro.
Se sabe que el Estado provincial cumple muy parcialmente con el deber de resocialización de los detenidos en cárceles. Los reiterados informes oficiales acerca de secuestros de armas blancas y celulares en las prisiones vienen a exhibir las falencias estructurales que caracterizan al sistema carcelario, así como el escaso trabajo que se realiza en lo concerniente a la resocialización de los presos, ya no sólo privados de toda actividad laboral o recreativa en los penales, sino sometidos a pésimas condiciones de detención.
Lo cierto es que, cuando se habla de la problemática penitenciaria, se pone el acento, generalmente, en el tema de la superpoblación que, por supuesto, es el más grave y seguramente el que engendra muchas otras ilegalidades y deficiencias. Sin embargo, la falta de opciones laborales y recreativas para los presos tendría que ser, dentro del panorama general, uno de los aspectos que debieran merecer una mayor atención por parte de las autoridades.
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Los sistemas alternativos de ejecución de la condena, intrínsecamente buenos, demuestran sin embargo ser vulnerables. Resulta entonces imperativo que las autoridades intensifiquen los controles necesarios. La clave, como se dijo, debe estar en la eficacia del monitoreo y, antes que ello, en el criterio con que se seleccionan los detenidos a los que se les conceden tales beneficios. Lo que resulta intolerable es que muchos aprovechen del beneficio que se les otorga para seguir delinquiendo.
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