Presos detenidos en comisarías, otro problema a resolver

Desde hace varias décadas se vienen sucediendo en la Provincia conflictos y reclamos por las condiciones de hacinamiento en que se encuentran las personas detenidas en las comisarías bonaerenses, seguidos esos requerimientos de anuncios oficiales que garantizaban una solución mediante la construcción de nuevas cárceles, en medidas que hasta la fecha no fueron concretadas.

En cuanto a las anuncios que postergan en forma indefinida –correspondientes a la órbita del Poder Ejecutivo, de cuyas reparticiones depende impulsar las mejoras estructurales- debe mencionarse ahora la decisión de un juez penal platense que, a partir de los escándalos ocurridos recientemente en las comisarías de Ensenada, ordenó a los titulares de las seccionales de ese distrito no sólo que brinden un informe sobre las condiciones de alojamiento, sino que dispongan el traslado de presos en los casos de superpoblación.

Cabría recordar que el Juez envió esta resolución a los comisarios a instancias del pedido de habeas corpus que había realizado jornadas atrás la jueza de paz actuante de Ensenada, tras una visita a los calabozos. Requerimiento que, a su vez, no hacía sino cumplir con lo dispuesto en acordadas de la Suprema Corte que ordenan a los magistrados a controlar las condiciones de detención existentes en la Provincial. Tal como se consignó, la semana pasada otro juez penal de La Plata hizo lo propio por el problema similar que se plantea en dependencias policiales de nuestra ciudad.

Según se detalló, el juez le ordenó al titular de la comisaría segunda que “inste los cursos de acción pertinentes a fin de reducir de manera inmediata el número de detenidos allí alojados, de acuerdo a la capacidad de ocupantes”.

Estas intervenciones de los magistrados acaso puedan precipitar acciones que, en materia carcelaria, urge adoptar de una vez por todas en la Provincia. Además de las pésimas condiciones intrínsecas que exhibe el sistema, como la del hacinamiento crítico que se registra, entre otras deficiencias que hacen al mejor trato que se debe a los detenidos –tal como quedó planteado en denuncias ya tramitadas, varias veces, por tribunales de la Provincia- las comisarías desbordadas de presos siguen planteando un serio problema de inseguridad en los barrios donde están asentadas, porque el riesgo de motines, revueltas y fugas es elevadísimo.

Se distrae, por otra parte, una enorme cantidad de efectivos que deben dedicarse al cuidado y traslado de detenidos en lugar de cumplir tareas de prevención y represión del delito en la región. Y se genera, también, una eventual y de algún modo injusta responsabilidad para los comisarios, que quedan forzados a aceptar la irregularidad de alojar más detenidos de los que puedan albergar.

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Debe insistirse también en que la Policía debe concentrarse en sus tareas específicas, sobre todo en un clima de extrema inseguridad como el que se vive. No puede cumplir una función que es propia del Servicio Penitenciario. Y por otra parte, la Provincia –especialmente a través de sus estamentos judiciales- está obligada a hacer cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado Federal, tal como señaló la Corte nacional en un muy conocido fallo.