La Corte de la CIDH retoma demanda de ex juez laboral

La Corte Interamericana de Derechos Humano (CorteIDH) retomará en octubre del año en curso la audiencia en el caso del ex juez argentino Eduardo Rico, destituido de su cargo por supuesta mala conducta, dijo ayer en San Salvador el presidente de este organismo, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.

El presidente de la CorteIDH informó a las partes involucradas que el próximo 10 de octubre se conocerán los alegatos finales de la diligencia que involucra al ex juez del fuero laboral de San Isidro, también inhabilitado de por vida para ejercer cargos judiciales, y al Estado de Argentina.

Durante la audiencia, celebrada en la sede de la Cancillería de El Salvador, el ex juez Rico, de 78 años de edad, pidió que el Estado argentino le otorgue una reparación económica por su destitución.

El ex juez señaló que la desde su destitución, en junio de 2000, ha tenido “extensos” gastos económicos, porque su estado de salud y el de su esposa, ya fallecida, empeoraron por la situación a la fue “sometido”.

El caso de Rico pasó a la CorteIDH porque, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Argentina habría violado el derecho a recurrir el fallo en relación con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, por lo cual la víctima no pudo presuntamente obtener una revisión de los hechos establecidos.

La CIDH concluyó que el Estado violó los derechos políticos de Rico por haber sido separado del cargo en un proceso en el que se cometieron “violaciones” al debido proceso y al principio de legalidad.

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Rico fue destituido como juez del Tribunal de Trabajo No.6 del Departamento Judicial de San Isidro y fue inhabilitado para ocupar otro cargo en el Poder Judicial por supuestamente haber incurrido en faltas disciplinarias. La denuncia la había realizado el Colegio de Abogados de esa ciudad bonaerense por su conducta.

“Fue mancillado mi nombre y mi honor. Me cortaron el futuro”, dijo el magistrado tras la destitución.

la defensa oficial

El caso el año pasado llegó hasta la gobernación bonaerense con una carta de Rico a la mandataria María Eugenia Vidal. El tema pasó luego, según trascendió, a la secretaría de Derechos Humanos provincial.

De todos modos, la defensa está en manos de Cancillería.

En las presentaciones ante la CIDH, el Estado argentino argumentó que el jurado de enjuiciamiento actuó con “independencia e imparcialidad”.

La audiencia de ayer en el caso del ex juez se realizó en San Salvador en el marco del 59 periodo extraordinario de sesiones de la CorteIDH.