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Flavia Centurión - Presidenta de Las Mirabalo
Las mujeres estamos en una grave situación de vulnerabilidad, nuestras vidas y nuestra integridad física y psíquica están en riesgo de forma constante, tanto dentro de nuestras casas (el 72% de los femicidios se cometen en el domicilio de la víctima) como en la vía pública, por ello es necesaria la declaración de Emergencia en Violencia de Género a nivel nacional, provincial y municipal. La emergencia permite priorizar la problemática en la agenda pública y habilita la asignación de recursos de manera inmediata a políticas de prevención y protección que garanticen el rápido y eficaz acceso a la justicia, con garantías de abordajes integrales, con monitoreo efectivo de la medidas de protección interpuestas a fin de que se cumplan: botón Antipánico gratuito (en La Plata el funcionamiento del botón Antipánico depende de que la mujer tenga crédito en el celular, lo cual es costoso) programas de ayuda, social y psicológica para recuperación emocional de víctima y de sus hijos/as, y apoyo económico que permita efectivamente la autonomía de las mujeres en este sentido, (la dependencia económica respecto del agresor es un obstáculo para que la mujer denuncie violencia, como la falta de oportunidades laborales y el desempleo).
Necesitamos de forma urgente la conformación de un cuerpo de expertos en materia de seguridad pública de las mujeres para que se tomen medidas que garanticen que todas vuelvan sanas y salvas a sus casas. Debería implementarse el seguimiento estricto y monitoreo constante de agresores con inserción en programas de recuperación y deconstrucción patriarcal aplicadas en coordinación con las medidas represivas que se impongan desde la justicia penal. Los que asesinan, golpean y violan son los varones y sobre ellos debe ponerse el foco de atención para evitar que lo hagan. Es injusto que las mujeres además de responsabilizarse por las causas judiciales soportando situaciones de revictimización, sean quienes tengan que protegerse, esconderse, andar por la calle en estado de alerta. El problema son los violentos, no las víctimas. Por lo tanto las medidas de seguridad deben focalizarse sobre los agresores.
Estas medidas deben ir acompañadas de programas educativos y de capacitación a funcionarios y empleados públicos, aplicados de manera intensiva.
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