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Los súper podrían ir a la Justicia. En el mercado inmobiliario cuestionan la extensión a 3 años de los contratos con inquilinos
Los proyectos de ley de góndolas y el de alquileres aprobados el miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación generan aprobaciones pero también reparos entre los sectores involucrados.
Es así como cámaras empresarias vinculadas a los supermercadistas se oponen a la propuesta, que espera ahora la aprobación del Senado nacional, y no descartan ir a la Justicia para frenarla, en caso de que se apruebe.
Entre otros puntos, la normativa establece que una empresa no podrá tener más del 30 por ciento del espacio disponible en la góndola por cada categoría de producto y que tiene que haber un mínimo de cinco proveedores por cada uno. El objetivo es que haya igualdad de oportunidades para las Pymes en las góndolasd de los supermercados y que la mayor competencia ayude a bajar los precios.
Sin embargo, empresas proveedoras y supermercados afirman que si sale la ley, generará suba de costos, aumento de precios y hasta despidos de personal, porque aumentará valores de intermediación que se trasladarían al valor de los productos.
Por eso, los supermercadistas adelantaron que están dispuestos a judicializar la normativa, según hizo trascender la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que nuclea a los grandes supermercados.
En tanto, desde la Cámara de Comercio norteamericana en el país (Amcham), adelantaron que se perderían entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo por falta de rentabilidad y eficiencia.
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El proyecto de la ley de alquileres generó gran aceptación en las agrupaciones de inquilinos, pero algunos reparos entre Colegios de martilleros y profesionales.
Así fue que Armando Pepe, presidente de CUCICBA, la cámara de corredores inmobiliarios de la Capital Federal, objetó que el ajuste de los alquileres sea anual, según lo plantea el nuevo texto. “Con la inflación que tenemos, es riesgoso. Y ya los ajustes se venían haciendo semestralmente”, afirmó el directivo.
“Otro aspecto es el relacionado a la modalidad de ajuste de los alquileres: tanto para los propietarios como para los inquilinos es un índice incierto”, dice Pepe.
“Si un propietario firma hoy un contrato por tres años, con los ajustes de la inflación y del índice salarial, no va a saber cuándo va a cobrar dentro de un año y el inquilino, a su vez, no va a saber cuánto va a pagar en el mismo lapso. Es incierto para ambos”, señaló el titular del colegio porteño.
Otro punto clave del proyecto es que se dispone que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
El Senado tratará ambos proyectos las semana que viene.
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