La muerte de un joven motociclista el jueves pasado como producto del choque de su moto con un automóvil y, en esa misma jornada, el vuelco de tres vehículos particulares en distintos sectores de la ciudad, con el saldo de lesionados y el trabajo de las unidades del SAME que acudieron a brindar primeros auxilios a los heridos, dieron una prueba elocuente de la indisciplina con que se desarrolla el tránsito y del riesgo que significa manejar en las calles.

En el caso del motociclista fallecido se trató de la víctima fatal número 65 en La Plata en lo que va del año, un dato estadístico que debe ser ponderado con el ofrecido en su oportunidad por las autoridades municipales, consistente en que se detectan unas 17 mil infracciones de tránsito en un mes, en base a las referencias aportadas por las cámaras que se instalaron últimamente para controlar los excesos de velocidad y otras faltas.

Esa cifra surgió, de la detección realizada por los equipos que toman imágenes, por lo que debe suponerse la enorme cantidad de transgresiones que deben quedar sin ser registradas por las cámaras ni por los inspectores de tránsito y que, claro está, se suman al caótico panorama del tránsito local, agobiado, además, por un parque automotor en continuo crecimiento. Lo cierto es que los años pasan y las piedras con las que tropieza el tránsito de nuestra ciudad son cada vez más grandes.

El desorden callejero surge en buena medida, por cierto, del pésimo comportamiento de muchos conductores –sea de autos, motos, camiones, colectivos y todo tipo de rodados-, así como también de los peatones, y debiera obligar a las autoridades responsables, así como a la propia sociedad, a analizar a fondo esta cuestión ligada a la seguridad vial.

Como se ha dicho tantas veces en esta columna, se trata de inculcar principios que hacen a la necesidad de observar un mayor respeto a las leyes por parte de todos los protagonistas del tránsito, sin que se permitan comportamientos anárquicos y desaprensivos con los derechos del otro.

Por otra parte, los mecanismos de contralor que se impulsan desde los organismos públicos responsables debieran verse acompañados de legitimidad y eficacia en su aplicación, sumándose a esa tarea fiscalizadora la de promover una debida capacitación y mejor formación educativa de conductores y peatones.

También es cierto que, pese a que se han acentuado los controles en los últimos años, la porfiada indisciplina y falta de educación vial de muchos siguen siendo las notas más observables. Se está ante situaciones tan negativas como endémicas, como podrían ser –sólo por dar muy pocos ejemplos- la persistencia generalizada en utilizar vidrios polarizados que están prohibidos, no usar el cinturón de seguridad o, en el caso de los motociclistas, no conducir con el casco exigido y conducir peligrosamente en zig-sag, desplazándose de carril a carril.

Bien se conocen las consecuencias, muchas veces trágicas, de estas actitudes. Es correcto detectarlas y sancionarlas mediante procesos legales, pero,antes que ello el Estado debiera propender a consolidar en cada conductor o usuario de la vía pública sólidos principios educativos, en una tarea que debiera empezar en las aulas escolares, a edades muy tempranas. Sólo así podrán lograrse mejoras efectivas en el comportamiento en las calles de la mayoría de la población.