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Héctor Rubini
Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL (El Economista Diario)
Uno de los síntomas típicos de las recesiones son las restricciones de liquidez. Individuos y empresas enfrentan problemas para afrontar sus planes de gastos por el descenso de sus ingresos, y forzosamente aumenta el incumplimiento de los deudores. Obtener créditos se torna más dificultoso, y las tasas de interés “pagables” desaparecen. Después de una crisis cambiaria y con inflación, la presión puede ser doble: aumentan los costos y caen los ingresos.
Cuando la morosidad aumenta, naturalmente es menor el incentivo a prestar, y las entidades financieras se tornan más selectivas. Es ahí cuando en casos de agudas recesiones y crisis de liquidez un nutrido cuerpo de literatura justifica la asistencia del Estado bajo diversas formas: inducir baja de tasas de interés con operaciones de mercado abierto, controles de tasas de interés, emisión monetaria o creación de entes estatales para proveer crédito de manera menos restrictiva y a tasas de interés inferiores a las de mercado. Las formas son conocidas: creación de bancos de fomento o desarrollo, como entidades “de segundo piso” para financiar proyectos, bancos comerciales estatales, fideicomisos de crédito o análogos estatales o mixtos.
La experiencia en Argentina es bastante larga en el tema. Con reformas y variantes, el sistema financiero mixto, con entidades privadas y públicas creció, pero en el caso de la banca estatal provincial la orientación de los créditos en base a criterios políticos condujo a la virtual quiebra de la mayoría de esas entidades. Las privatizaciones de los ‘90 fueron muy polémicas, pero en la gran mayoría de los casos las entidades estaban quebradas.
Esta semana hubo dos proyectos provinciales de ley para crear nuevos bancos provinciales. El gobierno de Santa Fe impulsa un proyecto para crear un banco provincial y también Mendoza lo viene analizando desde el año pasado. Habrá que leer pormenorizadamente proyectos como los que aquí se comentan, pero no hay en realidad evidencia concluyente ni convincente a favor de la expansión de bancos estatales como creadores eficientes de liquidez. Es una actividad riesgosa, y sin criterios de costo-eficiencia puede terminar siendo una mezcla explosiva de focos de corrupción y prácticas delictivas cuyos costos termina pagando toda la población con mayores impuestos para sostener entidades inviables.
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