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Lula cumple actualmente una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, en el caso del tríplex de Guarujá (San Pablo) que, según el fallo, recibió de la constructora OAS a cambio de favorecerla con contratos en Petrobras. Ayer lo condenaron por cargos similares a 12 años y 11 meses en relación a una propiedad en Atibaia (San Pablo).
El mandatario tiene además otras seis causas pendientes.
Un juez de Brasilia aceptó en noviembre pasado una denuncia contra Lula y la ex presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), acusados de integrar una supuesta red corrupta dentro del PT para recibir millones de dólares en coimas.
Asimismo, en otra causa que tramita en San Pablo, Lula está acusado de haberse valido de su poder para influir en decisiones del Gobierno de Guinea Ecuatorial con el objetivo de favorecer los negocios del grupo brasileño ARG en el país africano. Según la Fiscalía, el ex gobernante recibió un millón de reales (unos 270.000 dólares) de esa empresas como compensación, la cual fue disimulada como supuesta donación para el Instituto Lula.
En paralelo, hay una causa contra Lula vinculada al instituto con su nombre. Según la acusación, recibió sobornos de Odebrecht a través del ex ministro Antonio Palocci, también implicado por el caso Petrobras y quien decidió cooperar con la Justicia. El dinero habría servido para comprar un terreno para el Instituto Lula y un ático vecino a su residencia particular en la ciudad de Sao Bernardo do Campo (San Pablo).
En otro proceso, el ex mandatario está acusado de cobrar presuntos sobornos de Odebrecht a cambio de presiones para favorecer a la constructora con créditos de entidades públicas que facilitaran la adjudicación de contratos en Angola.
Aparte tramitan dos causa más en que está acusado de interceder ante su sucesora, Dilma Rousseff, para mantener un incentivo fiscal para automotrices a cambio de sobornos y de influir para que el gobierno le diera la licitación para comprar diez aviones caza a la empresa sueca Saab. (EFE)
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