Por una denuncia en Suiza, acusan a una pareja de distribuir pornografía infantil

La investigación les llevó más de un mes, entre tareas encubiertas y averiguaciones relacionadas a los sospechosos y a la presunta tarea que realizaban desde su casa en La Plata: la distribución y comercialización de pornografía infantil.

La tarea había sido ordenada por la fiscal Cecilia Corfield (UFI Nº 15) a la delegación de La Plata de la Policía Federal, motivada por una denuncia iniciada en Suiza.

Tras el operativo, una pareja platense conformada por un hombre y una mujer, ambos de 54 años, fueron arrestados y se esperaba por su versión de los hechos ante la fiscal de la causa.

DE BERNA A LA PLATA

La urdimbre comenzó a destejerse en otra capital, Berna, ubicada a 11.188 kilómetros de La Plata. Fue un agente suizo quien detectó que un grupo de usuarios, por medio de un programa con acceso a Internet, ofrecían material audiovisual de contenido sexual en donde aparecían menores.

Para “vender” ese material pornográfico, “los involucrados se conectaban a una red privada (peer to peer) que les permitía contactarse con otros usuarios para intercambiar archivos (ver aparte)”.

Luego de detectar la maniobra y establecer que en efecto se trataba de imágenes y videos que involucraban a menores, rastreó la dirección IP (la “etiqueta” que identifica a un dispositivo -por lo general una computadora- conectado a una red).

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La investigación fue iniciada por la Interpol, tras el descubrimiento de un agente suizo

Ese primer paso dio lugar a otro que ya no estaría en su esfera de acción, puesto que se trataba de al menos una persona que operaba desde Argentina. Con más precisión, en La Plata.

Así fue cómo la Interpol tomó cartas en el asunto y empezó a trabajar en conjunto con la Policía Federal, luego de dar cuenta de la maniobra delictiva. Lo referido, según fuentes oficiales, tuvo lugar en septiembre de 2018.

Después de los tiempos propios de la Justicia, la pesquisa se trasladó a la Ciudad y poco después la Dirección de Ciberdelito logró puntualizar el sitio.

En mayo, se puso el foco en los moradores de una casa ubicada en 63 entre 30 y 31, lugar de residencia de la IP desde donde se comercializaba el material.

UNA CASA “MUY GRANDE”

La investigación también tomó tiempo. Como explicó un vocero de la Fuerza, “primero se debe recabar la suficiente información para recibir el permiso de allanamiento. Esos datos tienen que ser determinantes para inferir que allí hay un delito en proceso”.

El 24 de junio a la noche, esa orden llegó. El procedimiento se desarrolló a la madrugada, y en el inmueble sólo se encontraba el hombre.

Se secuestró una “inmensa” cantidad de dispositivos de almacenamiento digital

Cuando ingresaron, los efectivos policiales se llevaron una sorpresa: la casa es “muy grande” y en el terreno hay dos galpones “abarrotados de cosas”, indicaron. El operativo “llevó mucho tiempo” y en ese lapso arribó la segunda habitante de la propiedad.

Los dos fueron notificados y puestos a disposición de la Justicia. Conforme a lo revelado por fuentes de la pesquisa, al ser consultados por su profesión se presentaron como “empleados públicos”.

En tanto, el allanamiento seguía su curso y también el asombro de los agentes, que hallaron una “inmensa” cantidad de dispositivos de almacenamiento digital (CDs, pendrives, discos externos, tarjetas de memoria), además de cámaras fotográficas, teléfonos celulares y dos computadoras de escritorio.

Lo más llamativo, señalaron, fue “el hallazgo de 98 municiones de diversos calibres”. Asimismo, incautaron tres cargadores en desuso de calibre 22, un rifle del mismo calibre y 30 gramos de marihuana, conforme se informó.

Ahora será tarea de los peritos analizar todo lo secuestrado para establecer qué tipo de delito se cometió. En principio, el de distribución estaría comprobado, resta saber si los dos acusados generaban contenido. Por el momento, los dos sospechosos están libres, aunque van a tener que responder por las armas y los estupefacientes.

Las denuncias por pedofilia y pornografía infantil crecen año a año en el país: ya suman más de seis diarias. De ese número, el 40% corresponden a la provincia de Buenos Aires. Motivan entre uno y dos arrestos por día.

Las cifras pertenecen a un trabajo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Fiscalía general porteña. Desde 2013 se procesaron allí más de 25.000 reportes relacionados con pedofilia, pornografía infantil, acoso sexual, abuso y violaciones. En este marco, se percibe que los requerimientos por delitos de distribución o producción de pornografía infantil se incrementaron en el último tiempo.

Para poner en perspectiva: según datos oficiales, en la Argentina se trafican en forma diaria unos 185 videos de este tipo, cuando en 2013 eran alrededor de 35 por semana. Se estima que en 2018, el tráfico total fue de 66.000 videos.

La ley vigente establece que producir, tener y distribuir este material es un delito contra la integridad sexual tipificado en el Código Penal.