Denuncia penal de los gremios contra Vidal por una bonificación salarial

La polémica por la bonificación que cobra un sector de los empleados públicos de la Provincia sumó ayer un nuevo capítulo, cuando desde un gremio se presentó en la Justicia para exigir al gobierno de María Eugenia Vidal que haga extensivo ese plus de haberes para todos los agentes de la administración pública bonaerense.

La presentación fue impulsada por la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), que demandó judicialmente al gobierno de la Provincia para que extienda el pago de la bonificación del 125% a trabajadores estatales amparados por la ley 10.430.

“Esta medida fue adoptada luego de que el Ejecutivo bonaerense no brindara respuesta ante la presentación formal que la organización sindical realizó ante las autoridades competentes”, dijeron desde UPCN.

La polémica se remonta a los últimos años. Desde 2008, los empleados de la Agencia de Recaudación (ARBA) vienen cobrando esa bonificación, que se calcula sobre un 125 por ciento del sueldo básico. En 2015, ese beneficio se extendió a los agentes del ministerio de Economía y el año pasado, los que se vieron alcanzados por la medida fueron los trabajadores de la Jefatura de Gabinete.

Como ese plus que en promedio representa unos 5.500 pesos mensuales para cada agente no llegó al resto de los empleados estatales, comenzaron las protestas en diversos organismos. Y en las últimas semanas llegó el reclamo formal de los gremios cuando UPCN exigió que la bonificación se haga extensiva al resto de los trabajadores que revistan en la ley 10.430.

Conocida la decisión que firmó el Jefe de Gabinete, el gremio que conduce Carlos Quintana puso el grito en el cielo. UPCN sostiene en su presentación que esa norma no remite a lo que se había resuelto específicamente para ARBA y luego para Economía, por lo que deduce que “la bonificación se convierte en una asignación de carácter general”.

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“No existen razones fácticas ni jurídicas que sostengan el por qué de la exclusividad de la percepción por el personal del ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete”, dijo Quintana en una primera presentación que hizo al Ejecutivo.

Ayer, como no tuvo ninguna respuesta, desde el gremio acudieron a la Justicia. IPCN considera que el gobierno de María Eugenia Vidal ejecuta una medida arbitraria y discriminatoria al resolver pagar la mencionada bonificación sólo a los empleados de algunas reparticiones ministeriales. Se argumenta que esto ataca directamente el derecho fundamental de “igual remuneración por igual tarea”.

La organización llevó adelante esta acción judicial luego de que una asamblea extraordinaria, celebrada el pasado 14 de junio en el camping de Arana con la presencia de 1.785 delegados de toda la provincia, facultara a la comisión directiva a tomar las medidas pertinentes para resolver la situación. De esta forma se busca que la totalidad de los trabajadores encuadrados en la ley 10.430 perciban la bonificación del 125% del haber básico.