El pago de los servicios de gas y electricidad representa en la actualidad un 4,5% del ingreso promedio de los trabajadores privados registrados, frente al 0,6% que representó en 2015 e igual porcentaje (4,5%) en 2001, según un informe de la consultora Econométrica.

El congelamiento de tarifas dispuesto por la administración anterior, dice el análisis, “generó una enorme distorsión de precios relativos en la economía, cuya contracara fue un insostenible nivel de subsidios económicos”.

Destaca luego que a partir del proceso de recomposición tarifaria iniciado en 2016 la proporción del salario aplicado a servicios energéticos pasó ese año a 1,8%; a 3,4% en 2017 y a 4,5%, utilizando los cuadros tarifarios con efecto en 2019.

Econométrica evalúa que “en este contexto, y con los niveles alcanzados de incidencia en el salario, será difícil continuar con una política sostenida de aumentos tarifarios por arriba de la inflación”.

Aconseja en ese sentido “concentrar el esfuerzo en intensificar la reducción del costo de abastecimiento de gas y energía eléctrica mediante mecanismos de mercados competitivos”.

El análisis recuerda que la recomposición de tarifas fue acompañada por la implementación de la “tarifa social federal”, que alcanza hoy a aproximadamente el 30% de los usuarios, y representa “un importante cambio de paradigma respecto al acceso a la energía”.

Hasta 2015 se aplicaba un sistema de precios bajos que hacía las veces de una tarifa social generalizada, financiada por subsidios que se concentraban en los quintiles de mayores ingresos, mientras ahora rige “un sistema de focalización que intenta alcanzar los hogares de menores ingresos, a partir de descuentos en el valor de la energía”, evaluó el informe.

“La actual administración -añade Econométrica- recibió las consecuencias de una política energética extravagante, que no sólo descapitalizó el sector sino que generó problemas macroeconómicos de primera magnitud”.