Destacan que a mayor escolarización disminuye el embarazo adolescente

El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, destacó que en las jóvenes con estudios secundarios completos disminuye el porcentaje de embarazos adolescentes, en comparación con aquellas que no finalizaron dichos estudios y reclamó la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral tanto en escuelas de gestión pública como privada.

"Las estadísticas oficiales muestran que el 25% de quienes fueron madres y no finalizaron el Polimodal tienen menos de 20 años en la provincia de Buenos Aires, mientras que ese porcentaje se reduce al 5% cuando se analiza a las madres jóvenes que dieron a luz y cuentan con el secundario completo", precisó Martello en un comunicado.

Según estadísticas oficiales, en la provincia de Buenos Aires dos niños/niñas nacen por día con madres menores de 15 años.

Ante este panorama que surge de datos oficiales de la Dirección de Estadística e Información de Salud de la Nación (correspondiente al período 2016-2017), Martello reclamó a distintos estamentos del Estado cumplir con las recomendaciones que, en 2018, realizaron el Comité del Niño y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para que se cumpla en la Argentina con la aplicación en todo el país de distintas políticas de educación sexual y salud reproductiva.

El Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, que tiene a su cargo el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del organismo constitucional, destacó que "una de las principales herramientas que tiene el Estado ante esta problemática es la educación".

"Es indispensable que la Ley de Educación sexual (ESI) se aplique en todo el sistema educativo, tanto en las escuelas de gestión pública como en los colegios privados", remarcó.

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Martello recordó que "el año pasado, luego de un pedido que hicimos desde la Defensoría, el Consejo Federal de Educación aprobó la incorporación de la ESI en los Proyectos Institucionales de todas las escuelas y la creación de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAPs). Es indispensable que no haya excepciones en su aplicación".

En términos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los derechos sexuales y reproductivos forman parte del derecho humano a la salud integral, comprendida como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias.

El derecho a la salud reproductiva trata de todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, así como la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de tener la libertad para decidir si procrear o no, cuándo hacerlo y con qué frecuencia. Para mantener su salud sexual y reproductiva, las mujeres, niñas y adolescentes necesitan tener acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable y deben estar informadas y empoderadas para auto-protegerse de las infecciones de transmisión sexual.