A diez años del “fallo Arriola” -con el cual la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad castigar la tenencia de drogas para consumo personal- más de 50 especialistas y una veintena de organizaciones nacionales e internacionales debatirán hoy en el Congreso de la Nación acerca de las políticas de droga en Argentina y la necesidad de actualizar la ley.

El debate -que se desarrollará a partir de las 8.30 en el Senado de la Nación y será coordinado por la Procuración Penitenciaria de la Nación junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- tiene por objetivo visibilizar un nuevo aniversario del recordado fallo en contraste con la realidad de las políticas de drogas que se desarrollan hoy.

Y es que pese al tiempo transcurrido desde el fallo, la jurisprudencia existente y alrededor de 25 proyectos de ley presentados para despenalizar los delitos de consumo, la ley de drogas sigue sin cambios sustanciales luego de 30 años de vigencia y la criminalización de personas usuarias de drogas se recrudeció en los últimos años.

“Aunque el 25 de agosto de 2009 la Corte declaró inconstitucional al segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes Nº23.737 en tanto esa tenencia personal no afectara a terceros, en Argentina persiste una política de drogas que tiende fuertemente a la criminalización de las personas usuarias”, señalaron desde la organización RESET.

De acuerdo con esta ONG dedicada a investigar políticas de drogas, “entre 2000 y 2017 aumentó un 53% el porcentaje de mujeres y un 20% el de hombres encarcelados por infringir la ley de drogas.

También la Procuración informó que entre los años 2015 y 2018 “se incrementó en un 34.85% la población de mujeres detenidas por delitos de drogas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal”.

De ahí la necesidad de “repensar las políticas de drogas desde la perspectiva de los derechos humanos con enfoque de género”, dijeron desde la Procuración.

La actividad de hoy, que será con entrada libre y sin inscripción, contará con la participación de más de 50 especialistas y 23 organizaciones de la sociedad civil.