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Miguel Ángel Asturias (*)
El incendio de la Amazonia está tomando una trascendencia nunca vista, por tratarse del pulmón verde del planeta. La catástrofe deja en evidencia un problema mundial que afecta no sólo a Brasil, ya que supera el principio de soberanía de un Estado, y se ha convertido en una grave agresión ambiental que pone en riesgo la subsistencia del planeta.
Muestra de ello es que las cortinas de humo gris ya afectan potencialmente al ambiente de la Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Esta situación evidencia la necesidad de protección penal ambiental internacional y de los derechos humanos y no humanos. También demuestra la necesidad de que se trabajen acuerdos, convenciones y sanciones penales internacionales para mitigar esta clase y otros crímenes ambientales relacionados con las conductas humanas y, principalmente, los cometidos por las empresas multinacionales con connivencia de funcionarios públicos o Estados corruptos.
Sucesos como el analizado y otros que puedan ocurrir en el futuro deben contemplarse como crímenes ambientales internacionales, tal como analizo en mi obra “Crímenes, Delitos o Graves Agresiones Ambientales Nacionales e Internacionales”.
En ese sentido, resulta necesario que se creen acuerdos entre los líderes mundiales que conduzcan a futuros instrumentos internacionales en la materia y a la creación de un Tribunal Penal Ambiental Internacional, o regional, o bien a determinar la competencia de alguno de los existentes para juzgar esta clase de hechos.
La comunidad internacional debe prepararse para reconocer a las graves agresiones ambientales en el ámbito internacional como lo es el incendio del Amazonas. A esos fines, podemos señalar el importante lugar que está tomando el tema en la agenda de la cumbre del G7, la Opinión Consultiva 23-17 de la Corte Internacional de Derechos Humanos y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que reconoce la necesidad de protección de los derechos humanos ambientales. No es menor, además, que el incendio del Amazonas tendrá incidencia para el cumplimiento del Acuerdo de París y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
(*) Docente de la U.B. en Derecho Penal y Ambiental
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