Más allá de analizar los factores que puedan motivarlo, ya que ello demandaría mayor espacio y más detenidas consideraciones, el problema visible que plantea la presencia de trapitos y limpiavidrios en las calles céntricas –que puede estar nutrido en la angustiante situación económica en la que se encuentran muchas personas y que merece otras respuestas por parte del Estado- se traduce en actitudes intimidatorias y, en ocasiones, delictivas, que degradan la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Sabido es que en cualquier zona del centro platense abundan los cuidacoches y que muchos de ellos lo hacen también en calles donde rige el sistema del estacionamiento medido, de modo que el automovilista que estaciona allí se ve virtualmente constreñido a pagar una suerte de doble imposición, una al Municipio y otra al espontáneo que “administra” los espacios. A su vez, en las esquinas no faltan limpiavidrios o personas que ejercen distintas actividades frente a los semáforos, con el propósito de obtener alguna ayuda monetaria, originándose a menudo distintas situaciones urticantes a partir de esas presencias.

Hace dos años el municipio sostuvo que los cuidacoches “lucran amenazando y amedrentando a los vecinos”, interpretación que se tradujo en una denuncia formal por conducta extorsiva, radicada ante la Justicia penal por el entonces subsecretario de Seguridad platense, que dio pie a detenciones de algunos infractores.

La demanda comunal en torno a los cuidacoches aludió así a quienes “mediante intimidación obligan a los automovilistas a entregar dinero con la finalidad de cuidar de sus vehículos, amenazándolos con un mal futuro en perjuicio del bien que, producto de su estacionamiento en la vía pública, queda fuera de su custodia durante un lapso de tiempo prolongado”.

A grandes rasgos debe señalarse que –al margen de que no pocas personas acuden a estas tareas informales por no contar con un trabajo fijo, como una manera de obtener ingresos y superar así sus penurias económicas- no existe justificación alguna para que algunos limpiavidrios o trapitos apelen a comportamientos violentos y extorsivos, suscitándose graves altercados entre ellos, originados, mayormente, en “disputas territoriales”, tal como lo destacan las crónicas periodísticas.

Tampoco debiera dejar de sopesarse que existen verdaderas organizaciones mafiosas -como ocurre con las que actúan en torno a algunos estadios, en donde los barrabravas “administran” los espacios de estacionamiento- ocupadas de ejercer en forma sistemática este tipo de presiones para así aumentar sus ganancias.

En nuestra ciudad, esta cuestión, con todas sus complejidades –contextualizada, además, por la creciente anarquía del tránsito- debe ser abordada con decisión y voluntad firme. Porque se trata de un fenómeno que crece en forma alarmante y que cada vez se tornará más difícil de erradicar. No existe excusa alguna que justifique dejar a la vía pública en manos de la prepotencia de nadie y, en ese sentido, existen normas legales para impedir que eso llegue a ocurrir.