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Se muestra activo en la toma de decisiones, mientras el contexto internacional puede volverse desfavorable para la negociación de la deuda, en la que EE UU es un actor importante
el presidente, al despedir a los integrantes de la campaña antártica / télam
Mariano Spezzapria
@mnspezzapria
El rumbo que Alberto Fernández fijó para el Gobierno está orientado a intentar reanimar la economía real. El Presidente acaba de firmar un decreto para aumentar los salarios de los trabajadores del sector privado y la semana que comienza hará lo propio con los empleados estatales. En los próximos días iniciará también un programa de obras públicas que no sólo buscará mejorar las condiciones de un centenar de barrios vulnerables, sino que reaccione el empleo como variable dinamizadora.
Los anuncios se irán sucediendo en la Casa Rosada, donde Alberto F. ya tiene decidido pasar el verano. Por allí irán desfilando ministros de distintas áreas, pero en lo inmediato se viene el debut de Gabriel Katopodis (Obras Públicas), María Eugenia Bielsa (Vivienda) y Malena Galmarini (AySA). De la coordinación entre los tres funcionarios saldrá buena parte de lo que el Estado nacional invertirá en obras durante 2020, con prioridad en los conurbanos de las grandes ciudades del país.
Para el Gobierno, se trata de “encender la economía” –como pregonó Alberto F. en la campaña electoral- y de intentar, en forma paralela que baje de la inflación. De ahí las medidas que congelaron las tarifas de los servicios públicos y el transporte, a lo que se agregó la marcha atrás –con intervención presidencial incluida- del aumento de las naftas que había iniciado la petrolera nacional YPF. El objetivo gubernamental sería bajar 20 puntos la inflación este año.
Claro que, si se considera que en 2019 el índice de precios superó largamente el 50 por ciento, se entiende que la inflación seguirá siendo alta. Pero lo que procura la administración nacional es alejar el fantasma de la híper. Con el cepo cambiario instalado, el proyecto es impedir el traspaso a los precios de eventuales saltos del dólar, como ocurrió en los últimos dos años de la gestión de Mauricio Macri. Así que las variables pueden estar contenidas, espera el Gobierno, por lo menos en los próximos meses.
Por supuesto, no habrá ningún cronograma oficial de metas de inflación. Los gobiernos argentinos suelen aprender de los errores de sus antecesores, sin que eso signifique que vayan a tener éxito en su propia gestión. Con el paquete de medidas en marcha –muchas de ellas basadas en la “emergencia” sancionada por el Congreso-, Alberto F. construye un paraguas político para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, avance en las negociaciones con el Fondo Monetario.
El “dead line” de esa negociación fue fijado por el Presidente en el 31 de marzo. Para esa fecha, necesita saber con qué recursos contará para gobernar el resto del año. Guzmán ya mantiene contactos con los técnicos del FMI e incluso con la directora Kristalina Georgieva, pero en los últimos días se agudizó el ruido político en Washington por la presencia en campaña del depuesto presidente boliviano Evo Morales en condición de refugiado en la Argentina. El cuadro internacional oscurece.
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El presidente norteamericano, Donald Trump, que dirige su atención al Medio Oriente –acaba de ordenar el asesinato del poderoso jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani-, también al “impeachment” demócrata y a la reelección; debe avalar el acuerdo del FMI con la Argentina. De otro modo, las negociaciones de Guzmán no van a prosperar. El canciller Felipe Solá tendrá que activar los contactos diplomáticos: el embajador Edward Prado ya pasó por el Palacio San Martín.
La publicación en la plataforma Netflix de una serie documental sobre la muerte de Alberto Nisman, el fiscal especial de la causa AMIA, volvió a poner en escena una cuestión muy sensible para el kirchnerismo. Y también para Alberto F., cuyo cambio de postura quedó expuesto.
El Presidente primero y su ministra de Seguridad Sabina Frederic después pusieron en duda la pericia de la Gendarmería que concluyó que a Nisman lo asesinaron en enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero. La funcionaria anticipó incluso que habrá una auditoría sobre el manejo de la fuerza, que amadrinó su antecesora Patricia Bullrich, hoy presidenta del PRO por cuenta del ex presidente Macri. De viaje en Cuba, Cristina Kirchner hace silencio al respecto.
La muerte de Nisman –ya sea por asesinato o suicidio- terminó siendo el fatídico desenlace del viraje geopolítico que dio Cristina al promover un pacto con Irán, pese a que la Justicia argentina identificó a varios funcionarios de ese país como responsables del atentado contra la AMIA en 1994. El kirchnerismo creyó que Washington utilizó el dramático caso para sus propósitos en Medio Oriente. Y que Macri no hizo más que hacer suya esa línea pro-norteamericana.
Alberto F. debe navegar ahora en medio de un mar de contradicciones. No sólo respecto de su visión del asunto cuando todavía no había hecho las paces con Cristina, sino de la necesidad de su administración de obtener el aval de Trump y de tener consigo, al mismo tiempo, a Evo Morales organizando al MAS boliviano y a sectores del kirchnerismo que reivindican aquel fallido pacto con Irán. El pragmatismo presidencial deberá afrontar esa verdadera encrucijada geopolítica.
En el plano doméstico, esto se traduce en la manifestación de grupos del oficialismo que corren por izquierda a Alberto F. En la Plaza de Mayo, a metros de la Rosada, Hebe de Bonafini le pidió al Presidente que controle a los medios de comunicación. Hubiera sido sólo una declaración destemplada, al calor de una ronda, de no ser porque en la AFI desembarcaron militantes vinculados a su organización.
En la Agencia Federal de Inteligencia ocurre un tembladeral: la interventora Cristina Caamaño descubrió que su antecesor Gustavo Arribas pasó a planta permanente a más de 500 agentes desde dos días antes de las PASO de agosto pasado y hasta su salida del organismo. La difusión de esta información preanuncia una purga para la cual Caamaño está facultada. Detrás de la ex integrante de Justicia Legítima asoma, en la discreción absoluta, la figura de Gustavo Beliz, que se atrevió hace años a desafiar a la entonces poderosa SIDE.
El coordinador de Asuntos Estratégicos de la Presidencia está convencido desde hace largos años de que la central de inteligencia debe dejar de actuar como auxiliar del Poder Judicial. El entrecruzamiento de jueces y fiscales con espías es uno de los motivos del descrédito de la Justicia, en especial del fuero federal asentado en Comodoro Py. Allí tramitan las causas que pesan contra Cristina, por lo cual las sospechas atraviesan tanto al oficialismo como a la oposición.
Mientras en el sótano de la democracia argentina se registran estos movimientos, en la esfera pública el Gobierno puso en marcha su “plan verano”, que muestra a un Presidente activo en la toma de decisiones –en su mayoría vía decretos- para recomponer el poder adquisitivo de la población, tras un par de años de caída libre. La saga de anuncios continuará en la semana, mientras se aguarda el contacto formal con el FMI.
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