El desalojo del predio de Guernica realizado ayer demostró que las autoridades del Gobierno provincial y la Policía pueden actuar en forma exitosa y sin violencia, salvo la fuerza que debió aplicarse en respuesta a la ejercida por manifestantes pertenecientes a las llamadas organizaciones sociales, que en salvo algunas contadas excepciones no son sino grupos políticos que operan al margen de los partidos tradicionales, que se plantean llegar al poder -del que siempre estuvieron lejos- no necesariamente por elecciones.

Esa primera conclusión adquiere especial relevancia, puesto que existen muchas otras usurpaciones de tierras pendientes en la Provincia –en especial, la de la megatoma de Los Hornos- en la que un operativo de similar eficacia debiera verse acompañado en forma inmediata con proyectos que incluyan futuros loteos sociales y trazados que prevean la existencia de parques y plazas públicas. A nadie escapa la crítica situación habitacional que existe desde hace mucho tiempo y que se viene agravando con el correr de los años que es aprovechada para justificar usurpaciones cuyo objetivo es lucrar con la venta de terrenos ajenos.

Con respecto al caso de Guernica corresponde añadir que la acción oficial se concretó en cumplimiento de una orden judicial. Las fuerzas policiales debieron desplazarse hacia los alrededores del predio donde se produjeron algunos enfrentamientos con grupos radicalizados que fueron a manifestar y a oponerse al desalojo.

Es conocido que una verdadera ola de usurpaciones de lotes particulares, ya sean de tierras privadas o fiscales recorre la periferia de nuestra ciudad, en una situación ya tratada varias veces en estas columnas pero que ahora recrudeció con nuevas intrusiones. Como bien se sabe, el fenómeno no es espontáneo, sino que responde no sólo a la presencia de organizaciones mafiosas que lucran con esta actividad delictiva, sino, también, que deriva de la insólita desidia en que incurren los organismos estatales para impedir estos despojos ilegítimos.

Tal como se ha detallado, la megatoma de tierras en Los Hornos es una de las más grandes de la Provincia y tiene escasos antecedentes en relación a la cantidad de parcelas ocupadas. Los vecinos denuncian que, a medida que las parcelas se “ocupan”, son ofrecidas en venta, a través de las redes sociales. Esa fracción propiedad del Estado nacional podría servir, una vez liberada para planificar un barrio que fuera realmente un modelo con lotes sociales y hasta destinando una superficie para un parque como pulmón verde y zona de esparcimiento. Nada de eso ocurrirá si la banda mafiosa que está subdividiendo y comercializando los lotes sigue pudiendo actuar con impunidad atemorizando a los vecinos y aparentemente extorsionando a funcionarios públicos para que se les permita concretar el “pingüe negocio”. Sería otro más de los muchos que han hecho bajo diferentes administraciones.

Se ha dicho ya que si se permitieran semejantes asentamientos poblacionales, se verían perjudicados los ocupantes, los vecinos y la Ciudad en su conjunto. Se sabe que la periferia platense viene creciendo sin respetar parámetros urbanísticos básicos, como son la disponibilidad de espacios verdes, plazas y paseos. Por otra parte, los asentamientos precarios carecen de servicios de infraestructura esenciales, como son el agua, la luz, el gas y las redes de desagües, entre otros.

Además de las razones constitucionales y legales que hacen al respeto de derechos esenciales, está claro también que la muy sensible y grave crisis de la vivienda no debe ni puede resolverse permitiéndose las usurpaciones. La solución de fondo debe darse, en cambio, a través de planes accesibles y de programas de aliento crediticio, en los cuales el Estado no puede estar ausente en modo alguno. Ni tampoco ausente a la hora de individualizar y perseguir a las mafias responsables de las tomas, que concretan los despojos de tierras y luego se ocupan de venderlas en forma fraccionada y a precios muy bajos, aunque la rentabilidad global sea voluminosa.

Por otra parte, La Plata ni tampoco ningún distrito provincial pueden permitir que se irradie un urbanismo caótico, que perjudica en forma integral a la sociedad.Bien se conoce que, tanto los intrusos como los vecinos históricos terminan por sufrir, a partir de una usurpación, toda clase de problemas y privaciones por inexistencia o la falta de los servicios de infraestructura.

El paso dado ayer por el Estado provincial resulta ser positivo y, como se dijo, lo coloca en buena posición para seguir actuando en muchos de los otros casos pendientes, con la vista puesta en estructurar un eficaz programa habitacional, que sirva para resolver el acuciante problema de vivienda que atraviesan muchas familias bonaerenses y reducir, al menos, los ingresos de algunas de las llamadas organizaciones sociales o de las organizaciones puramente delictivas que actúan a la vista de todos.