El kirchnerismo avanza con traslados y designaciones de nuevos jueces

Dos mensajes de parte del oficialismo que vinieron desde el Ejecutivo y del Senado marcan la creciente confrontación entre el Gobierno y el Poder Judicial, en especial la Corte Suprema.

Por un lado, la Cámara alta aceptó, gracias a la mayoría del Frente de Todos, el traslado de dos juezas y designó a 26 nuevos magistrados y fiscales que integrarán el Poder Judicial de la Nación. Juntos por el Cambio y sus aliados votaron en contra y se abstuvieron. Inclusive, otros diez legisladores de la oposición decidieron desconectarse de la sesión virtual al momento de votar.

En ese sentido, senadores de Juntos por el Cambio y la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, protagonizaron una nueva discusión porque la oposición denunció que el sistema de votación en el recinto no funcionaba, contradiciendo a la titular del cuerpo que negaba problemas técnicos.

Por otro, la “Comisión Interpoderes” creada por la Corte Suprema para coordinar los juicios de lesa humanidad sesionó con la ausencia de representantes del Gobierno y de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que vieron en la convocatoria del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, un afán “oportunista”.

La autorización del traslado recayó en la jueza Zunina Niremperger, quien fue trasladada del Juzgado Federal de Primera Instancia Número 2 de Resistencia, Chaco, a su similar Número 1 de la misma ciudad. También se mantuvo la mudanza de la jueza María Verónica Scanata del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones, al juzgado similar de la ciudad de Posadas, de la misma provincia.

Niremperger y Scanata fueron dos de los siete magistrados que asistieron a la audiencia de la Comisión de Acuerdos en la que se resolvió que no se autorizarían los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes en esa oportunidad decidieron ausentarse. Y el kirchnerismo hizo notar esa diferencia.

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Sin embargo, el salteño Juan Carlos Romero, aliado de Juntos por el Cambio, acusó al oficialismo de “buscar la domesticación” y arriesgó que “aunque los tres jueces hubieran venido de rodillas, no se hubieran salvado”.

En cuanto a la convocatoria de Rosenkrantz -impulsor dentro del máximo tribunal del tratamiento del planteo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli-, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, difundió ayer un comunicado con el que rechazó la invitación, junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, exponiendo sus razones para declinar la convocatoria.

“A partir de la última reunión realizada (por la Comisión) -el 23 de septiembre de 2016-, el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso. En este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos -que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia-, no deja de resultar oportunista”, afirmaron Losardo y Pietragalla.

En el cierre del encuentro, Rosenkrantz, único ministro del alto tribunal presente, negó que la convocatoria haya sido “oportunista”.

A la ausencia del Ejecutivo se sumaron la defensora general, Stella Maris Martínez, que mandó un representante; el juez de la Cámara Federal de Casación Alejandro Slokar y los directivos de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Liga y la Asociación por los Derechos del Hombre, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la agrupación HIJOS.

En cambio participaron el presidente del Consejo de la Magistratura, el juez civil Alberto Lugones, y el titular del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas, Beinusz Szmukler.