La provincia de Buenos Aires amaneció ayer con una llamativa licitación privada. En medio de la pandemia de coronavirus, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó en el Boletín Oficial una oferta millonaria para adquirir más de 600 electrodomésticos que iban a ser sorteados el día del agente penitenciario, que se celebra el próximo 16 de julio.

La licitación Nº 3/2020, convocada a través de la Dirección Provincial de Acción Social del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), no ahorraba en detalles y especificaciones. De acuerdo al pliego de bases y condiciones al que accedió EL DIA, se pretendía obsequiar 15 Smart TV marca Hitachi, de 55 pulgadas y resolución 4K Ultra HD, cada uno valuado en unos 60.000 pesos; 94 secarropas Drean Qv 5.5m, a un valor unitario de 12.000 pesos y 94 torres de audio de 3.000 watts Crown Mustang, cuya cotización promedio es de 8.499 pesos.

También, 94 pavas eléctricas Eiffel, de 1.8 litros y que se venden a unos 3.846 pesos; 94 hidrolavadoras Daihatsu, cuyo costo estimativo es de 9.918 pesos; 94 auriculares inalámbricos Noga (con un precio de mercado de 3.509 pesos); 94 combos de cafetera Yelmo (2.299 pesos) y tostadora Moulinex (2.499 pesos).

El presupuesto se había fijado en 4.919.485 pesos. Y la fecha de presentación de ofertas debía expirar el próximo lunes, a las 10.

Para dar cuenta de la magnitud del gasto, la cifra es incluso superior a la de otra contratación, lanzada días atrás por el ministerio de Salud: 4.705.444 pesos, pero para la compra de kits de diagnóstico de COVID-19, a distribuir en hospitales y centros de salud.

SUSPENSIÓN

Más allá del monto que se pretendía pagar para la contratación, sorprendió su destino, alejado de las prioridades para atender las emergencias sanitarias y socio-económicas del momento. Acaso admitiendo esa paradoja, tras las consultas realizadas por este diario, desde el ministerio de Justicia comunicaron que tanto la licitación como el sorteo serán cancelados. Y la oferta, que hasta la mañana de ayer podía consultarse en la página de contrataciones del Gobierno bonaerense, desapareció hacia la tarde.

Fue luego de que voceros de la cartera judicial insistieran en que la licitación proyectada no iba a costearse con fondos del erario público, sino de la Dirección de Acción Social del Servicio Penitenciario, que, según indicaron, es “la obra social de los agentes, que se nutre de sus aportes y ellos mismos son los que administran su dinero”.

Explicaron que a través de este organismo, los 24.000 efectivos que tiene el SPB en sus 58 unidades penitenciarias gozan de distintos beneficios sociales y sanitarios. Y que, gracias a esos aportes, “ya se donaron 24.000 kits de prevención, con barbijos y alcohol en gel para los penitenciarios”.

Según reza en su sitio oficial, “la Dirección de Acción Social es el coseguro del Servicio Penitenciario Bonaerense que brinda a sus afiliados una amplia cobertura en prestaciones médicas, ondontológicas y sociales, teniendo en cuenta al agente y a su grupo familiar”.

Cuando se acerca el día del penitenciario, por esa vía se canalizan también los agasajos para el personal. Sorteos como el que iba a tener lugar este 16 de julio, con cientos de premios. Solo que esta vez el festejo se escribirá sobre el fondo de una cuarentena inédita.

“UN ERROR”

“Es algo que se hace todos los años”, justificaron en la Provincia, donde reconocieron que “sería un disparate que licitaciones como estas se pagaran con recursos públicos”.

La Dirección de Acción Social que aparecía como contratante en la licitación “es un ente autárquico que maneja su propia caja, no depende de nosotros”, aseguraron en el SPB.

También, en Justicia negaron que, pese al membrete de esa cartera que coronaba el pliego de bases y condiciones de la cuantiosa licitación, el organismo en cuestión dependa estrictamente de la Provincia.

“Es un error que haya quedado dentro del Ministerio -admitieron las fuentes bonaerenses consultadas-. Esta Dirección tiene un directorio propio integrado por representantes del Servicio Penitenciario. El dinero que se maneja allí no pertenece al Ministerio”, subrayaron, pero reconocieron que el director “es designado por el Estado. Hoy por hoy ese es el único lugar que tiene el Ministerio”.

De manera que, tal como apuntaron en el Gobierno, la dependencia que se aprestaba a desembolsar casi cinco millones de pesos para sortear 673 electrodomésticos es un organismo semipúblico.

No solo el momento poco feliz elegido le habría jugado una mala pasada a la decisión oficial. Sino también la “inercia, que -según el relato gubernamental- llevó a incluir en el Boletín de la Provincia la licitación, cuando la Junta Consultiva de la Dirección de Acción Social ya había desistido de la contratación”,

Los bienes iban a sortearse entre los agentes del Servicio Penitenciario el próximo 16 de julio

Esa decisión llegó a este diario bajo la forma de un escueto comunicado, despojado de cualquier membrete oficial: “La mutual del personal penitenciario bonaerense decidió suspender el tradicional sorteo de electrodomésticos que se realiza todos los años con motivo del día del personal penitenciario y suplantarla por el otorgamiento de una suma fija para cada uno de los trabajadores afiliados del sector”. Hasta ayer, no se había confirmado el total de ese monto, ni la forma y la fecha en que será distribuido. “Pero no serán fondos públicos”, repitieron en la Provincia.

En el breve texto, se aseguró que la medida resuelta “se encuadra en el marco de la pandemia del COVID-19 y el dinero estará a disposición de los agentes afiliados a la Mutual para que destinen dichos fondos para los fines que estimen más convenientes”.

Fue, según se explicó, “ante el pedido que formularon algunos agentes penitenciarios, considerando que esta modificación contribuye de mejor manera a la atención de gastos familiares que la pandemia requiere”.