La privatización de la Justicia

En las últimas décadas se viene presentando en nuestro país un fenómeno singular, consistente en que el Estado ha concluido por privatizar en la práctica funciones esenciales de gobierno. Más allá de que algunas delegaciones pudieron responder a sanciones legales o resoluciones administrativas, lo cierto es que el poder público perdió gravitación en áreas institucionales básicas, como son las de educación, salud y seguridad. Sin embargo, la tendencia ha resultado ser tan fuerte que, ahora, quiere ir más allá y también la justicia está empezando a verse privatizada de hecho.

En el caso de la educación es conocida la abrupta declinación que sufrió la escuela pública en la Argentina, que sirvió de modelo para muchos países. Los especialistas y las estadísticas no dejan de mostrar que la privatización derivó, sobre todo en las últimas décadas, en el crecimiento de la matrícula en escuelas parroquiales, cuyas cuotas no son costosas pero significan un esfuerzo más para los padres, así como también en la de colegios caros, preferidos ambos por mucha gente a partir de la crisis del sistema educativo público.

En el área de salud resulta inocultable el desmedro sufrido por los hospitales públicos. En la primera mitad del siglo pasado fueron centros de derivación y de excelencia, hacia los que venían a recibir atención pacientes de otras provincias y aún de otros países de América. Los nosocomios atraviesan desde hace mucho tiempo emergencias impropias, en la medida que carecen de los insumos necesarios, no pueden cumplir con operaciones programadas ni disponer de planteles médicos y de auxiliares bien pagos para atender las demandas, entre otras mejoras que, como las edilicias, se han vuelto imperativas. En resumidas cuentas, la medicina privada reemplazó en buena medida a la pública.

Lo mismo puede decirse del sector de seguridad, cuyo déficit funcional es tan profundo que, sólo por omisiones, ha originado una eclosión de barrios cerrados o barrios protegidos en torno a las grandes ciudades y algunos de ellos se están conformando ya con pobladores de extracción humilde. Desde luego que, frente a la inoperancia estatal, también proliferan los sistemas de alarma vecinal o en casas particulares, las rejas y otros métodos de defensa. Al mismo tiempo, ha crecido en forma ostensible el uso de armas por parte de personas que son víctimas de robos, sucediéndose de este modo los llamados casos de justicia por mano propia, al margen de que muchos de ellos puedan verse contemplados en los atenuantes que determina el Código Penal, tales como la defensa propia o la emoción violenta.

Sin embargo, de toda la inseguridad, de los homicidios y robos, es el Estado que ha decidido “privatizar” funciones que le conciernen. Y ahora, como se ha dicho, lo está haciendo con la administración de justicia, de la que muchos ciudadanos hoy consideran que deben hacerse cargo. De manera personal y sumaria, claro. En varios casos se liberan a los delincuentes antes del cumplimiento de la condena para reincidir al poco tiempo.

Los platenses cuentan asimismo con el ejemplo de las usurpaciones. Frente a las cuales sólo cabe actuar con rapidez, para evitar que se consumen. Pues bien, el 17 de abril de 2019 la Suprema Corte dictó el denominado “Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”. Ese instrumento origina tantas demoras que, en la práctica, permite que los propietarios de terrenos se vean despojados de ellos, porque cuando se termina de cumplirse con los términos de esa resolución, los intrusos ya instalaron el barrio cuyas parcelas son ilegalmente vendidas en forma ilegal a la vista de todos después de campañas publicitarias.

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“En estos temas de alta sensibilidad humana –dijo la Corte- en los que se evidencian situaciones que involucran a personas en estado de vulnerabilidad social, el obrar de los jueces, de todos los fueros, incluidos los que integran la jurisdicción penal, no puede prescindir del respeto a la dignidad de esas personas, ni a la protección que sus derechos merecen en orden al acceso a una solución habitacional”. En la mayoría de las “ocupaciones” en la práctica son un pingüe negocio que pocos pueden ignorar.

Lo que se está viviendo en estas horas en La Plata, en lo referente a las usurpaciones de tierras, es una etapa de virtual privatización de la justicia. Los propietarios usurpados, los vecinos, se oponen con lo que pueden: por ahora con palos, piedras, algunas topadoras. Los intrusos también van armados con lo que llevan. Las mafias que lucran con las intrusiones encuentran generalmente luz verde para seguir con esta verdadera industria sin chimeneas en la que se lucra robando a unos y estafando a otros.