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Política y Economía |POR LA REFORMA JUDICIAL

Se profundiza la tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema

“Está funcionando mal”, dijo Alberto F. El Consejo de la Magistratura revisa el traslado de jueces que se hizo durante el macrismo

Se profundiza la tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema

La diputada Graciela Camaño y el juez Carlos Rosenkrantz / WEB

Mariano Spezzapria

Mariano Spezzapria
@mnspezzapria

31 de Julio de 2020 | 03:19
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La relación institucional entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia no atraviesa por su mejor momento. Al faltazo de cuatro integrantes del máximo tribunal al acto de presentación de la reforma judicial, le siguió ayer una declaración tajante del presidente Alberto Fernández: “La Corte está funcionando mal”, sentenció a modo de réplica política el jefe de Estado.

El Presidente evidenció así el malestar que le generó que la Corte enviara a la Casa Rosada a la jueza Elena Highton de Nolasco en representación protocolar, mientras que los magistrados Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Maqueda desconocieron el convite oficial, en una señal conjunta que dejó a un lado las diferencias que tienen entre ellos.

La tensión entre el Gobierno, el Poder Judicial y el sector opositor de Juntos por el Cambio se manifestó también ayer en una votación del Consejo de la Magistratura que aprobó la revisión de los traslados de 10 jueces federales durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión contó con el apoyo clave de la diputada nacional Graciela Camaño, alineada con Roberto Lavagna.

“Se llenan la boca hablando de la República, pero la tienen vulnerada desde hace mucho tiempo”, disparó Camaño contra los consejeros macristas, al denunciar que los traslados violaron las disposiciones de la Corte y el reglamento del Consejo. El diputado del PRO Pablo Tonelli rebatió esos argumentos ayer durante el informe de la Jefatura de Gabinete en la Cámara baja.

El propio Alberto F. se había referido a esta controversia más temprano en declaraciones a una radio porteña. “Investigaremos cada caso. Seguramente en esos pliegos habrá jueces enviados por el Gobierno anterior, donde manipulaban el concurso de audiencias personales. Le he dado mucha importancia al tema. He tomado ideas del macrismo sobre los tribunales federales”.

Pero más allá de las disputas en torno a la Justicia federal, que será ampliada si se aprueba el proyecto del Poder Ejecutivo que ayer ingresó al Senado, el Presidente explicó los motivos por los cuales convocó a un Consejo Consultivo integrado por 11 juristas para proponer cambios en la integración y el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.

De todos modos, Alberto F. aclaró: “Siempre he dicho que el problema de la Corte no es el número de miembros”. Es que en los últimos días se reiteró la difusión de un video en el que aparece cuestionando, antes de llegar a la Presidencia, los intentos de los gobiernos por ampliar la Corte a más de cinco integrantes. Así, dijo, se intenta “manipular la cabeza de la gente”.

“El 80 por ciento de las sentencias que dicta la Corte son planchas y el trámite tarda entre un año y medio o dos”, graficó el jefe de Estado en la continuidad de sus críticas al funcionamiento del máximo tribunal. Por otra parte, defendió la integración del Consejo Consultivo y negó que la vicepresidenta Cristina Kirchner haya decidido la incorporación de su abogado Carlos Beraldi.

“Estoy indignado con lo que ha pasado en la Justicia en los últimos años, indignado”, repitió el Presidente en referencia a las causas judiciales que tienen como imputada a su Vice y a las denuncias sobre el accionar de la “mesa judicial” del macrismo. Aunque no dijo nada de que el coordinador del Consejo será un ex defensor de Cristina y Néstor Kirchner, Fabián Musso.

A su vez la ministra de Justicia, Marcela Losardo, afirmó en declaraciones radiales: “No entendemos por dónde podría pasar la impunidad cuando tendríamos más jueces para investigar las causas”, dijo y concluyó: “Los juicios de hoy van a seguir con los mismos jueces. Entonces pregunto... ¿Cuál es la impunidad?”.

La oposición, encabezada por el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Pablo Tonelli, insistió en que el Consejo “no tiene competencia” para revisar los decretos presidenciales que ordenaron los traslados. “Estas decisiones generaron efectos y derechos que solo se podrían retrotraer con una sentencia que anule esos decretos”, explicó.

“El dictamen carece de un objeto válido e útil”, argumentó Tonelli en referencia al dictamen propuesto por el consejero Diego Molea para que esos diez nombramientos sean revisados por la Corte Suprema, dando vista al Poder Ejecutivo para una eventual elevación al Senado para que finalmente preste su acuerdo.

 

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