Columnista de la agencia EFE

Tasas de caída de actividad no vistas ni siquiera en la recordada crisis de 2001-2002, un déficit galopante y una temida escalada en las tasas de desempleo y pobreza revelan cómo la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 está sacudiendo los cimientos de la ya débil economía del país suramericano.

El coronavirus encontró a Argentina muy mal parada: hace dos años que el país estaba en recesión, con altísimos niveles de inflación y una deuda insostenible que ahora trabajosamente busca reestructurar.

La llegada del COVID-19 movió al Gobierno de Alberto Fernández a adoptar a finales de marzo estrictas medidas de aislamiento social que paralizaron la economía en abril y, aunque las restricciones se relajaron en parte en mayo y junio, en julio volvieron a endurecerse, particularmente en Buenos Aires y su periferia, donde se concentra la mayor parte de la actividad económica del país que, aunque ya venía en caída, en abril se hundió el 26,4 por ciento -una magnitud sin precedentes en Argentina- hasta niveles de 2006.

De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, dos sectores clave también se derrumbaron en abril a una escala sin antecedentes: la construcción se desplomó un 86,4 por ciento y la industria, el 34,4 por ciento. También el comercio sufrió el garrotazo y cayó un 27 por ciento interanual.

Aunque hay mucha incertidumbre sobre cuánto caerá finalmente la economía argentina este año porque aún se ignora cuánto durará el confinamiento, expertos ya vaticinan que el desplome será mayor al 10,9 por ciento registrado en 2002, cuando el país sufrió una de las peores crisis de su historia.

En este contexto, de acuerdo a fuentes sectoriales, unos 24.000 comercios ya cerraron definitivamente en Buenos Aires y otros 16.000 en el interior del país, mientras se teme que la crisis se lleve puestas a cerca de 100.000 empresas, particularmente pymes.

Con la actividad económica en el subsuelo, la recaudación tributaria también cayó en términos reales, al tiempo que el gasto público se disparó por la necesidad del Gobierno de atender a la crisis sanitaria y económica. Así, el déficit fiscal primario se disparó en abril y se profundizó en mayo y consultores privados proyectan que el saldo fiscal negativo de este año será del 6,4 por ciento del PIB, desde un déficit del 0,44 por ciento en 2019.

Para financiar el déficit, se ha recurrido a una fuerte emisión monetaria, un factor que presiona a la inflación -del 43,4 por ciento interanual en mayo- y ha provocado algunas tensiones cambiarias.

Los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes a abril, muestran que el mercado laboral comenzó a resentirse, a pesar de un decreto que prohibió temporalmente los despidos.

Debido a esta prohibición, aún vigente, la tasa de desvinculación cayó un 50 por ciento interanual. Sin embargo, los temores empresariales ante el escenario incierto generado por la pandemia derivaron en un derrumbe del 75 por ciento en las contrataciones de nuevo personal.

Según un informe del Ministerio de Trabajo, el efecto de la pandemia sobre la economía provocó una reducción de las contrataciones de personal mayor que en todas las fases recesivas que atravesó la economía argentina en los últimos 20 años. No obstante, la caída neta del empleo aún resulta inferior a la de la crisis de 2001-2002 porque las desvinculaciones se frenaron.Aún así, los datos oficiales dejan ver que, poco antes de que el COVID-19, golpeara de lleno la economía, un 40 por ciento de la población activa del país tenía problemas de empleo, sea por estar en paro, subocupado o disconforme con su trabajo.

No hay datos actuales del nivel de pobreza. La última cifra oficial, del segundo semestre de 2019, arrojaba que el 35,5 por ciento de los argentinos era pobre y un 8 por ciento, indigente. Hay, sin embargo, datos elocuentes del resquebrajamiento social.

Al Ingreso Familiar de Emergencia, un subsidio de 10.000 pesos que el Gobierno planeaba conceder al momento de anunciarlo a 3,6 millones de personas de bajos o nulos ingresos, finalmente calificaron 9 millones de personas, sobre una población total de unos 45 millones de habitantes.

Por otra parte, también según datos oficiales, las personas que reciben asistencia alimentaria por parte del Estado pasaron, tras la irrupción de la pandemia, de 8 a 11 millones en Argentina, que registró su máximo nivel de pobreza en octubre de 2002, cuanto la tasa tocó el 57,5 por ciento.

“Dos sectores clave se derrumbaron: la construcción (86,4%) y la industria (34,4%). También el comercio (27%)”