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Gustavo Perilli
Gustavo Perilli
Tras ocho meses de idas y vueltas y confusos episodios, las autoridades argentinas y los grupos de acreedores finalmente llegaron a un acuerdo para reprogramar la deuda emitida bajo legislación extranjera. Hace unos días, las conversaciones habían empezado a paralizarse y a entrar en “vía muerta”. Todo parece haber cambiado abruptamente el fin de semana pasado. En cuestión de horas, sincronizados aires políticos entraron en escena. El lunes a la mañana el acuerdo ya estaba recibiendo el “maquillaje final” por parte de los representantes del país, los tres grupos de acreedores y los bancos internacionales intervinientes.
Los números básicos conocidos hasta ahora indican que el valor presente neto (VPN) se ubica por debajo de U$S55 por lámina nominal de U$S100 y las tasas de interés en el orden del 4% anual. Asimismo, se estima que el país consiguió un ahorro de aproximadamente U$S30.000 millones y una sensible descompresión financiera de las cuentas públicas, al menos, hasta 2023. También se sabe que, tras la conformidad de la SEC, operativamente habrá una prórroga hasta principios de septiembre. En el interregno, se tratarán temas tales como las álgidas cláusulas de acción colectiva (CAC) a los efectos de minimizar cualquier doble interpretación y embrollo jurídico como los que sucedieron hace unos años, con los acreedores minoritarios, los famosos “buitres”, presentes también en esta negociación.
Pese a los avances, la influencia de la “deuda” y la “pandemia” hará de este 2020 un año olvidable en materia económica. Lo cierto es que “el inventario macroeconómico de la Argentina” en diciembre de 2019 ha sido el peor en décadas, aunque se lo trate de solapar sosteniendo que todo había comenzado con el cepo cambiario de 2011. El diagnóstico objetivo era incuestionable en ese entonces; el efecto conjunto del endeudamiento (y default) y la estanflación, el de “la doble E”, impedía revitalizar algo (al menos) el sendero macroeconómico y detener la tragedia social engendrada hacia fines de los setenta e intensificada durante los últimos años. La llegada de la pandemia, sucumbió todas las pretensiones del gobierno entrante y dejó a la economía prácticamente en situación de “nocaut técnico”.
El endeudamiento per se no es un problema, sino las condiciones y los programas que acompañan a estos esquemas. El ajuste del gasto macroeconómico (pretendiendo ahorro y castigando el consumo) diseñado por las autoridades anteriores, erosionó las bases del crecimiento y el ingreso. Por lo tanto, no debería sorprender que el cociente deuda-PBI haya alcanzado picos del 90% (y aumentado cerca de cuarenta puntos desde 2015) y producido la cesación de pagos (default) durante 2019. El mercado de créditos diseñado sólo para “el financierismo” (especulación financiera), la generación de estructuras Ponzi (los conocidos “Ponzi games” piramidales) y procesos de endeudamiento, de vertiginosa proliferación en la Argentina en modelos económicos tales como el de los últimos cuatro años, devastaron el financiamiento productivo, la producción y el empleo e introdujeron graves fragilidades financieras agregadas (el default).
Si bien todo dependerá de quien en adelante maneje los hilos de la economía y de los efectos exógenos globales, los resultados de la negociación de la deuda desactivarán progresivamente las trabas financieras del circuito económico. El avance anunciado en la madrugada del martes hará más fértil el devenir micro-macro de corto plazo de la Argentina, le restará “emponderamiento” a la noción de libre mercado (como se intentó hacer) y trabajará con una economía mixta (Estado y mercado regulado). En esencia, se estará superando una experiencia “no gratuita” para el orden social de la que se deberá aprender para abordar temas estructurales como la pobreza, la debilidad del mercado de trabajo, la inflación y el eterno problema del sector externo.
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