El “supercepo” abre heridas en el ala económica del Gobierno

La forma en que se implementó el “supercepo” al dólar dejó heridas en el Gobierno. Más precisamente, en el Gabinete económico.

La controversia más directa se generó entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Guzmán trató de frenar, hasta último momento, la medida que hace más de un mes que Pesce le había recomendado al presidente Alberto Fernández para frenar la sangría de reservas que, en su parte líquida, no alcanzan actualmente a superar los 3.000 millones de dólares.

Siguiendo a Guzmán, el Presidente pidió tiempo para terminar el canje de bonos de la deuda y para tratar de revertir la tendencia sin apelar a una medida de esa naturaleza. Pero Pesce lo terminó de convencer en una reunión en la quinta de Olivos, donde exhibió una planilla con datos contundentes.

Ya se sabe que cuando las reservas internacionales se reducen, los gobiernos argentinos tiemblan.

Guzmán jugó su última carta en una entrevista que dio al diario La Nación, en la que advirtió que un endurecimiento del cepo cambiario sólo serviría para “aguantar”, pero no para “tranquilizar la economía”, como suele definir a su principal objetivo de gestión.

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Pero la decisión de Alberto F. ya estaba tomada. El ministro de Economía sólo consiguió no quedar como “socio” de Pesce en la comunicación del “supercepo”. Algunos dicen, en la interna oficialista, que recibió consejos para despegarse de una medida impopular, como lo es el recargo del 35 por ciento al dólar ahorro.

Sin embargo, Guzmán resultó dañado por la jugada de Pesce, ya que la anunció el mismo día –en forma desprolija por cierto- en que el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2021.

La iniciativa contempla una cotización del dólar a $102,40 para el año que viene, a $124,80 para 2022 y a $146,60 para 2023. La estimación quedó absolutamente desdibujada por el nuevo valor de la divisa. Y ni hablar de la disparada del dólar “blue”.

LOS PARTIDARIOS DEL CEPO

Pesce debía concurrir al Congreso este lunes a un plenario de las comisiones de Finanzas y Comercio, pero el encuentro fue suspendido. El oficialismo legislativo comprendió que la oposición pondría el dedo en la llaga.

Se sabe que cuando las reservas se reducen, los gobiernos argentinos tiemblan

También está en duda la presencia de la administradora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que mañana buscará emitir dictamen para el impuesto a las grandes fortunas (aporte solidario en el léxico oficialista) sin que la funcionaria aclare las dudas que tiene la oposición sobre la base imponible del gravamen.

Marcó del Pont, que presidió el Banco Central en épocas de Cristina en la Casa Rosada, se alinea dentro del Gobierno entre quienes consideran que el endurecimiento del cepo era necesario. En la misma línea se ubica la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, a quien el Presidente le pidió que saliera a defender la medida en los medios de comunicación.

Todesca sostiene que si la economía argentina vuelve a crecer el año próximo, entonces necesitará de dólares porque aumentarán las importaciones. Menos convencido estaría el ministro de la Producción, Matías Kulfas, para quien el endurecimiento del cepo puede perjudicar a las empresas de cuyo funcionamiento se requiere para poner en marcha el aparato productivo.

Guzmán presentará el martes el Presupuesto 2021 ante los diputados nacionales. Será una presentación distinta, a través del zoom, como se impuso en tiempos de pandemia. El ministro de Economía ya dejó sentada su postura ante los diputados y senadores del oficialismo en un contacto virtual el último viernes, del cual el FdT hizo silencio de radio.

Pero hay un dato sobre el Presupuesto que no pasa inadvertido: los fondos para subsidios de los servicios públicos no crecerán en 2021, con lo cual el congelamiento de las tarifas se mantendrá hasta fin de año y luego, tendrán que actualizarse por inflación.

FERNÁNDEZ, EN MODO CRISTINA

Mientras el equipo económico atraviesa su primera crisis interna, el Gobierno avanza en el campo político. El presidente Fernández aceleró a fondo con la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, pese a que el alcalde Horacio Rodríguez Larreta fue su aliado en medio de la pandemia de coronavirus.

La jugada del Presidente está en línea directa con la posición histórica de su Vice sobre los fondos que maneja la CABA. La frase de los cuidados “helechos” porteños, desempolvada de los archivos en los últimos días, refrenda el pensamiento de Cristina.

El empoderamiento de la Vicepresidenta también se verificó en la última sesión del Senado, en la que se desplazó a tres jueces que habían sido trasladados durante el macrismo y que, hasta ahora, intervenían en causas que investigan hechos de corrupción cometidos durante el kirchnerismo.

De no mediar un fallo contrario de la Corte Suprema, que se tomaría su tiempo para analizar el fondo del asunto, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli deberán regresar a su jurisdicción de origen. En el decreto del Poder Ejecutivo que convalidó la decisión del Senado, se aclaró que no se considerarán nulas las actuaciones de los tres magistrados, tal como denuncia la oposición, aunque esa decisión le corresponderá a los jueces.

El empoderamiento de la Vicepresidenta se verificó en el desplazamiento a tres jueces

La Corte, que realiza los acuerdos en forma remota –algunos de los jueces transcurren la cuarentena en el interior del país-, acaba de recibir además la demanda del Gobierno porteño para tratar de frenar la quita de coparticipación.

Las cuentas que hacen en CABA es que dejarán de recibir al menos 50.000 millones de pesos en 2021. La caída del índice de coparticipación del 3,5 de la masa de recursos federales al 1,4 sólo sería compensada por un convenio en el que el Gobierno nacional se hará cargo de los gastos de la Policía. En el proyecto que envió al Senado, la Rosada estimó ese costo en 24.500 millones de pesos anuales.

Larreta demoró varios días la presentación ante la Corte, pero con semejantes números no le quedó otra que encarar la vía judicial. Así se lo explicó en persona a Fernández el jueves en Olivos, tras la reunión del desarmado tridente del AMBA que componen con el gobernador Axel Kicillof.

Hacia la interna de Juntos por el Cambio, Larreta necesita demostrar firmeza frente a la embestida del Gobierno, y se ve exigido también por los porteños que inevitablemente sufrirán un aumento de la carga impositiva. Pero hacia afuera, instruye a sus armadores para que la ampliación de la coalición opositora sea “hacia el centro”, de modo tal de captar a los sectores independientes del electorado.

Por eso mantiene la colaboración con Fernández en el marco de la pandemia y reivindica su condición de “dialoguista”, con la que se diferencia del ex presidente Mauricio Macri y de otros referentes de JxC como Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad participó ayer de otro “banderazo” callejero, recién recuperada de su positivo de coronavirus.

Por su parte, Miguel Pichetto criticó la ligazón entre el Gobierno y el Papa Francisco. “La Argentina es un país clerical parecido al de los ayatolas”, ironizó en referencia a la designación del asesor presidencial Gustavo Beliz en la academia pontificia romana.

EL OFICIALISMO CIERRA FILAS PERO...

“Nuestra tarea es reconstruir la Argentina juntos. Aunque algunos quieran vernos divididos, no les vamos a dar el placer”, dijo Massa junto a los intendentes Insaurralde y Cascallares, de la Tercera Sección, en un mensaje que escucharon “in situ” Máximo Kirchner y Wado de Pedro.

En el Frente de Todos se impone la idea de cerrar filas frente al acuciante cuadro económico que dejará la pandemia. Aunque los ruidos internos no cesan: en el mismo acto hubo críticas solapadas al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, un declarado enemigo de las policías locales y de lo que rotula como “intendentismo”. La experiencia ha demostrado que tampoco el mando centralizado de la policía dio eficacia a la institución y sirvió para que no tuviera control de los ciudadanos.

Los ecos de la crisis policial aún no se apagan en la Provincia. Berni removió a parte de la cúpula de la fuerza –en castigo a los jefes que no detuvieron la protesta en Olivos y en Puente 12-, mientras que el gobernador Kicillof y los intendentes todavía no se ponen de acuerdo en qué gastar los fondos que llegarán de la Nación para combatir la inseguridad.

El Gobernador querría comprar más patrulleros (¿marca Toyota?) y los intendentes prefieren invertir en tecnología, para equipar los centros operativos de los municipios.

Hasta ahora, la omnipresencia del coronavirus cubrió las falencias de la gestión. Pero hasta el Gobierno parece cansado de la pandemia, a juzgar por la actitud de Fernández de no participar –por primera del anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 11 de octubre, lo que no cayó bien en el interior del país.

En este marco de incertidumbre política y económica ingresa la Argentina al tramo final de un 2020 que nadie va a extrañar.