El Gobierno nacional busca avanzar con la obtención de la media sanción del proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario que tiene como objetivo hacerse de fondos para implementar una serie de medidas orientadas a morigerar el efecto negativo que la pandemia del COVID-19 viene provocando en la economía. En su artículo 1°, el texto establece la creación “con carácter de emergencia y por única vez” del aporte “obligatorio” que recaerá sobre las personas que posean un patrimonio superior a los $200 millones. 

En este sentido, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de mayoría de la norma pero efectuó algunos cambios.

Entre las modificaciones se encuentra que la medida se aplicará a partir de su promulgación y no con fecha al 31 de diciembre de 2019, tal como estaba previsto en el texto original, según se dio a conocer en el sitio Infobae. Así, lo que se cambió fue que este impuesto se aplicará “según los bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”.

Otro punto que también se modificó es que finalmente no estarán alcanzados los no residentes en el país pero con tenencia de, por ejemplo, acciones por más de 200 millones de pesos.

Como se indicó, a partir de la introducción de modificaciones en la base imponible por única vez, la iniciativa propone aumentar el nivel de recaudación y direccionar esos recursos a erogaciones que estén relacionadas directamente con asistencia económica a los sectores de la economía afectados por el aislamiento. 

Un trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación explica que, de aprobarse, se establecerá un impuesto que se aplicará a las personas humanas con bienes declarados por más de $200 millones durante el ejercicio 2019, bajo un esquema de alícuotas progresivas que van desde 2 por ciento hasta 5,25 por ciento.

En este escenario, el informe hace referencia a que, según cifras de AFIP, la medida alcanzaría a 9.298 personas humanas y la recaudación podría alcanzar los $307.898 millones (equivalente a 1,1 por ciento del PIB del corriente año, dado que la base imponible habría trepado a $8.856.961 millones (41,1 por ciento del PBI).

ESTIMACIONES

Dentro de estas estimaciones, el trabajo señala que el pago promedio del tributo entre las personas residentes alcanzadas sería de alrededor de 33 millones de pesos. Sin embargo, el informe explica que el promedio por el tramo de los bienes va desde los $6,1 millones a los $608,1 millones. La alícuota promedio del tributo se estima en 3,5 por ciento de la base imponible y muestra un gradual incremento desde 2,5 por ciento a 3,8 por ciento en función del valor de los bienes declarados.

Otro punto llamativo del trabajo de la oficina del Congreso es cómo se incrementaron las declaraciones juradas. Mientras en el rango del tramo de bienes sujetos a impuestos entre $200 millones y $300 millones –que vendría a ser el piso– aumentaron 124 por ciento en la cantidad y 126 por ciento en la base imponible entre las presentaciones realizadas entre 2018 y 2019.

Pero, si se observa el tramo de bienes de más de $3.000 millones, el crecimiento en las presentaciones es de más del doble y alcanza al 315 por ciento y la base imponible a 1.010 por ciento.

La incorporación de activos excluidos del Impuesto a los Bienes Personales (depósitos bancarios, títulos públicos e inmuebles rurales, principalmente) genera que la base imponible del Aporte Solidario en análisis sea aproximadamente 4 veces superior a la de dicho tributo.

La ley, a pedido de distintos bloques y tras meses de conversaciones, fija el destino de la recaudación: 20 por ciento para la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; 20 por ciento a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, entre otros.