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Política y Economía |Usurpaciones en la Provincia
Otro foco de tensión en la toma de tierras de Guernica, a días del desalojo

Desde el ministerio bonaerense de Desarrollo denunciaron que “grupos violentos” impidieron la entrega de asistencia

Otro foco de tensión en la toma de tierras de Guernica, a días del desalojo

El incidente de ayer en los terrenos usurpados/Min. de Desarrollo

28 de Septiembre de 2020 | 05:01
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Mientras que comienza la cuenta regresiva para la nueva fecha (el próximo jueves) de desalojo que fijó la Justicia a pedido del gobierno provincial, ayer se sumó otro foco de tensión en la toma de tierras de la localidad de Guernica. Un grupo de organizaciones que forman parte de la ocupación de los terrenos “impidió de manera violenta la asistencia” de la mesa interministerial del gobierno provincial a las familias que se encuentran dentro del predio, según se denunció.

“Asistimos a una situación grave e inédita. En el marco de la jornada de asistencia integral en la toma de Guernica, un grupo de organizaciones políticas -de cuales no dio más precisiones- que forman parte de la ocupación decidió impedir de manera violenta la asistencia a las familias que se encuentran en el predio”, se comunicó desde el ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

Según se explicó, el esquema implicaba la instalación de oficinas móviles de atención y contaba con la participación de 150 trabajadores de los ministerios intervinientes. “El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, junto a las otras áreas del Estado provincial y el municipio de Presidente Perón, está desarrollando todos los esfuerzos para lograr una resolución pacífica y consensuada”, aseguraron.

Censo: el 90% son desocupados

El 90 por ciento de las personas que preocupan el predio de más de cien hectáreas en la localidad bonaerense de Guernica, partido de Presidente Perón, y que será desalojado el próximo jueves 1 de octubre por orden judicial, son desempleados que no podían enfrentar un alquiler, en tanto que medio centenar de ellas son mujeres en situación de violencia de género.

Los datos se desprenden del censo que realizó el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Plan de Intervención Integral, solicitado por el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, para abordar el desalojo que debe realizarse el 1 de octubre o, supletoriamente, los días 2 y 5 de ese mes.

La idea del gobierno provincial es ubicar a los ocupantes -que se encuentran instalados en precarias casillas armadas con maderas y cercadas en parcelas delimitadas con alambres o cintas- en los mismos distritos de donde provienen, aunque la mayoría, al tomar contacto con los funcionarios, declaró domicilio en el partido de Presidente Perón y no tener un empleo fijo, “salvo esporádicas changas”.

Para abordar la situación, el Gobierno provincial realizó un censo, en el que se identificaron -de modo aéreo- 2.127 “hechos físicos”; es decir, pequeñas construcciones, en parcelas, con distinto nivel de precariedad levantadas por los ocupantes.

Debido a que no hay una cantidad de personas fijas en cada construcción, el censo no pudo determinar un número total de ocupantes del predio, pero se relevaron 1.904 grupos familiares o personas adultas solas, y 440 parcelas que habían sido demarcadas durante la toma estaban deshabitadas.

Los números arrojaron que hay 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc).

Los 1.904 grupos censados declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes y el censo reveló que la situación de habitabilidad en las ocupaciones es dinámica; es decir que la cantidad de personas en la toma no está presente todo el tiempo o en simultáneo. Acerca de la situación laboral, los adultos contestaron que 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y otros 20 son jubilados, pensionados o tienen algún tipo de discapacidad.

Respecto a las razones por las cuales ocuparon el predio, a la requisitoria respondieron 1.810 personas, de las cuales 1.544 alegaron “desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler”, 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 situación de calle.

Desde la Provincia apuntan a “organizaciones políticas”, que no identificaron

 

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