La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata ya designó al Tribunal que tendrá a su cargo el juicio oral y público contra el empresario platense Fernando Mercerat, quien se encuentra procesado y detenido con prisión preventiva junto a Pedro Marcelo Bardella. Ambos se sentarán en el banquillo de los acusados bajo sospecha de haber cometido el delito de “explotación económica del ejercicio la prostitución de mayores agravado por la situación de la vulnerabilidad de las víctimas”.
En tal sentido, voceros judiciales revelaron que el debate estará a cargo del juez Claudio Bernard, del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata. También señalaron que en el marco de la etapa de juicio, que llevará adelante el citado magistrado, no con el Tribunal sino con la modalidad unipersonal, se están notificando a las partes para que ofrezcan la prueba que se sustanciará en el debate, que se realizará el año próximo.
Esta causa fue elevada a juicio por el juez de Garantías de La Plata Pablo Raele, a pedido de la fiscal que investigó el caso, Cecilia Corfield.
La elevación a debate fue confirmada por la Cámara, que finalmente, previo sorteo, designó al Tribunal que realizará el juicio.
También explicaron que tanto la fiscal como el juez, entendieron que en la investigación se reunieron pruebas suficientes como para sospechar que “desde al menos el 7 de octubre de 2019” hasta la fecha de las detenciones, en octubre del año pasado, “Mercerat, como dueño de la inmobiliaria que lleva su apellido y funciona en 22 entre 43 y 44, junto a un grupo indeterminado de personas entre los que se encuentra Bardella, explota económicamente el ejercicio de la prostitución de un número indeterminado de mujeres mayores de edad y personas travestidas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de éstas, ya sea por su identidad de género y la dificultad de insertarse en el campo laboral formal, ya por necesidades económicas y de manutención a sus hijos menores de edad”.
Según Corfield y Raele, el martillero Mercerat les exigiría “la entrega de una suma de dinero, semanal o diariamente a todas luces desproporcionada en relación a las locaciones habituales del mercado, sin documentación respaldatoria alguna”, se expresa en la resolución judicial de elevación a juicio.
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