El descontrolado aumento de los cotos de insumos que se necesitan para atender a pacientes en terapia intensiva, golpea por estas horas en la política provincial y repercute en la Legislatura bonerense donde el senador De Leo (Juntos por el Cambio) solicitó a las autoridades provinciales que intervengan para retrotraerlos a los valores previos a la pandemia.
El legislador oriundo de Bahía Blanca presentó recientemente un proyecto de declaración parlamentaria basado en las últimas informaciones emitidas por la Unión Argentina de Salud (UAS), que asegura que un convenio firmado entre el gobierno nacional y representantes de la industria farmacéutica habilita subas de hasta un 1.300% en analgésicos, sedantes y relajantes musculares, remedios utilizados para paliar algunos de los síntomas del coronavirus.
En un comunicado, la entidad que reúne a las prepagas del país manifestó días atrás que “la industria farmacéutica ha fijado precios en forma unilateral, sin ningún control regulatorio hasta ahora, basándose en especulaciones, escudados en la devaluación del peso argentino, las dificultades para la importación y la escasez de materia prima a nivel mundial”.
“De continuar estos faltantes de productos, deberá recurrirse a medicaciones alternativas, situación que no es la ideal para la salud de nuestros pacientes”, advirtió la UAS.
Piden la intervención de las autoridades
En la iniciativa parlamentaria presentada en territorio bonaerense, el senador De Leo señaló que “el exponencial aumento de contagios producto de la segunda ola de Covid, el agotamiento del personal médico y un sistema de sanitario funcionando al límite de su capacidad traen aparejado como daño colateral el aumento descomunal e injustificado que tuvieron los medicamentos esenciales para el tratamiento de pacientes que se encuentran en terapia intensiva”.
Y agregó que “ante el estado de situación descripto, entendemos que resulta imprescindible la intervención de las autoridades provinciales y nacionales, con el fin de que los laboratorios retrotraigan los aumentos injustificados, los cuales oscilarían entre un 300 y 1.300%”.
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