La AFIP le otorgó a Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa dos planes de pago extraordinarios para cancelar la deuda generada por el no pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles por 8 mil millones de pesos, con una tasa de interés inferior a la inflación.

Uno de los planes contempla el pago de unos 628 millones de pesos en 49 cuotas, mientras que el segundo habilita a los empresarios a cancelar poco más de 12 mil millones de pesos en 97 cuotas, en ambos casos con un interés del 2,84% mensual, lo que hace un total en torno al 30% anual, cuando la inflación acumulada en igual período supera el 50%.

Las facilidades que el organismo dirigido por Mercedes Marcó del Pont otorgó a los propietarios de Oil Combustibles van de la mano con la decisión de retirar la querella contra los dos empresarios en la causa iniciada en 2016, durante la gestión de Alberto Abad y el gobierno de Mauricio Macri.

Tras la asunción como presidente de Alberto Fernández, la Administración Federal de Ingresos Públicos le permitió a Oil Combustibles ingresar en una moratoria para devolver los impuestos retenidos y adeudados al fisco. De esa manera, López y De Sousa podrán regularizar parte de su situación fiscal.

“La decisión tendiente al saneamiento del organismo se toma tras haberse registrado avances significativos en pos de garantizar el cobro de los impuestos adeudados por la empresa”, había justificado Mercedes Marcó Del Pont, titular de la AFIP, ante la Justicia.

Marcó Del Pont informó por escrito al Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 que el organismo considera que habrían existido supuestas irregularidades en la acusación del fisco contra los empresarios y la compañía. Dichos indicios darían cuenta de hechos de corrupción administrativa, abusos de autoridad y desvíos de poder contra los empresarios durante el gobierno de Macri.

“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el desistimiento de querellar a los accionistas de Oil.

López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Echegaray, en el gobierno de Cristina Kirchner.

Echegaray, en tanto, es juzgado como presunto coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.