Colombia va a las urnas para renovar el Congreso

Casi 38 millones de colombianos irán hoy a las urnas para elegir un nuevo Congreso y definir a los candidatos presidenciales de tres alianzas que se presumen las de mayor caudal para las elecciones de mayo, pero también para mostrar si el impacto del estallido social del año pasado, con un paro general de dos meses incluido, se traslada al voto o los partidos tradicionales logran sortear esa crisis de credibilidad.

Seis meses de protestas callejeras, que generaron cambios más bien menores, serán sopesados de alguna manera hoy en los comicios, por lo que el escenario es de una incertidumbre bastante atípica.

En lo formal, 37.911.335 de colombianos -20.031.855 mujeres y 18.788.046 hombres- podrán votar en 112.000 mesas para elegir a quiénes ocuparán las 172 bancas de la Cámara de Representantes y los 107 escaños del Senado.

Pero, además, quienes elijan hacerlo podrán participar de las “consultas interpartidistas”, como llaman en el país a las virtuales internas abiertas que tendrán tres alianzas de perfiles bien definidos: una de izquierda, una de centroizquierda-liberal y otra de derecha. Las tres resolverán ahí a sus candidatos a la Casa de Nariño para los comicios de mayo.

“Los comicios son históricos, y en este caso no es una frase de cajón. Hay una tendencia clásica de la oligarquía de haber mantenido elecciones y violencia política, represiva. No al estilo de las dictaduras, sino en un ejercicio autoritario ‘legitimado’ a través de la estructura clientelar. Con eso la oligarquía gobernó siglo y medio”, explicó el politólogo Francisco Toloza.

Para el analista, “la novedad es el estallido del 2021, y ese inconformismo lo reflejan las encuestas”, por lo que queda ver “si se mantiene la tendencia histórica y clásica de lo electoral como un ejercicio de control y poder de los partidos tradicionales o si, por el contrario, se termina por exhibir este enojo social”, una variante que sería “la primavera colombiana”.

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Al paro convocado el año pasado por la treintena de organizaciones que se agruparon en el Comité Nacional del Paro (CNP) le siguieron varias protestas callejeras, que en muchos casos se saldaron con violenta represión de parte de la Policía y, especialmente, del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), lo que le valió a Colombia advertencias de la ONU, la CIDH, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos como Amnistía y Human Rights Watch (HRW).

Se suma a ese cuadro que hay 21 millones de personas en situación de pobreza, un desempleo que supera el 10%, los desmanejos de la pandemia y el escaso impulso gubernamental a la implementación real de los acuerdos de paz de 2016, que socavaron la imagen del presidente Iván Duque y, consecuentemente, las chances del gobernante Centro Democrático (CD).

En la puja por las bancas de representantes se cuentan también las candidaturas de las comunidades indígenas, afrocolombianas y representantes de colombianos en el exterior.

Y, por primera vez, aparece la novedad de la inclusión de 16 bancas para la paz, reservadas en la Cámara de Representantes a organizaciones y víctimas directas del conflicto armado reconocidos por la Unidad de Víctimas.

Esas 16 circunscripciones especiales fueron creadas y aprobadas en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las FARC y debían haber entrado en vigencia en 2018, pero fueron validadas recién para este año. Las 16 plazas tendrán dos periodos, el que comienza este año y el que se inicia en 2026.