El reinicio de la presencialidad de los empleados públicos

La decisión del Gobierno nacional de que el personal que integra la administración pública bajo su dependencia retorne a la presencialidad, fijándose al próximo 1 de mayo como fecha límite a partir de la cual entrará en vigencia -acompañada por otras medidas que marcan una vuelta de página a la etapa prepandémica- constituye un paso positivo y al mismo tiempo un desafío para que todas las jurisdicciones del país, entre ellas la provincia de Buenos Aires, analicen sumarse a ella.

La decisión se adoptó luego de que el viernes pasado el ministerio de Salud nacional resolviera dejar sin efecto el distanciamiento social de dos metros y la obligatoriedad del autodiagnóstico de síntomas de coronavirus a través de la aplicación “Cuidar”.

La medida fue oficializada a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 58/2022 por parte de la secretaría de Gestión y Empleo Público de la jefatura de Gabinete. Allí se estableció que “antes del 1º de mayo de 2022 cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios”.

Desde la órbita oficial se advirtió que la resolución “no es un capricho”, sino que es parte de las nuevas recomendaciones que estableció el Consejo Federal de Salud y que refrendó en una resolución el ministerio de Salud, tal como aclaró la secretaria de Gestión y Empleo Público.

“Los cuidados en esta nueva etapa se establecen con ventilación simple y no cruzada, con uso de barbijo y con eliminación de la obligatoriedad de dejar dos metros de distancia entre los puestos de trabajo. Así que ya estamos en condiciones de hacer una vuelta a la presencialidad completa en todos los edificios”, afirmó la funcionaria nacional.

Después de dos años de haber tenido que recurrir a modalidades de trabajo a distancia “va a ser necesario” resolver en paritarias con los representantes de los trabajadores las “posibilidades y las nuevas modalidades de trabajo”, reconoció la funcionaria. En el caso de la Administración Pública Nacional, ya hay propuestas en este sentido presentadas por los gremios.

LE PUEDE INTERESAR

La globalización fracturada

LE PUEDE INTERESAR

¿Quién celebra con Musk en Twitter?

Sea como sea –y aún tomando en cuenta que todavía es prematuro afirmar que la pandemia iniciada en 2020 se acerca a su final- la decisión del Gobierno nacional se ajusta a las pautas fijadas por especialistas y al criterio adoptado ya en la mayoría de los países que levantan las restricciones y los regímenes especiales para combatir al Covid. La Argentina, en ese sentido, no podría ser una excepción.

Tal como se ha dicho, la Provincia debiera decidir si suma a la política adoptada hoy en el orden nacional y, de ser así, acelerar todos los mecanismos de revisión de los edificios públicos, para garantizar que en ellos se cumplan las mínimas medidas de prevención que deben respetarse. Es obvio que similares definiciones deberían incorporarse en forma natural al sector privado, que no podría quedar al margen de este nuevo contexto, entre otros motivos para garantizar principios de igualdad en el mundo laboral.

El retorno a la normalidad que se propicia –condicionado, desde luego, al devenir de la pandemia- no sólo debería apuntar a una mayor excelencia de los servicios de la administración pública, sino también a restablecer para la población las bases de una calidad de vida que se vio gravemente condicionada a partir del inicio de la pandemia, que tantos problemas y sufrimientos ha causado desde principios de 2020.