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Las clases particulares se extienden para asegurar el aprendizaje. Canasta básica de 500 dólares y maestros con sueldos de 90 dólares
Una chica hace los deberes en una “escuela paralela” de Venezuela
BÂRBARA AGELVIS
MONTALBÁN, VENEZUELA
AFP
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Martha Guevara organiza lápices, hojas y libros sobre una pequeña mesa de madera en el porche de su casa, mientras se prepara para dictar tutorías a niños y adolescentes que sufren el deterioro de la educación pública en Venezuela.
El pueblo de Montalbán (Carabobo, centro), donde vive Martha, es ejemplo de la crisis en la educación pública: escuelas con la pintura caída albergan un alarmante déficit de profesores, una secuela de los bajos salarios y la migración.
Lleva la mitad de sus 51 años enseñando Física, Matemáticas y Química en las escuelas de este pueblo agrícola de 33.000 habitantes, y luego del confinamiento por la pandemia comenzó a recibir llamadas de padres que no encontraban cómo educar a sus hijos.
Ahora atiende a 12 estudiantes en su casa a 2 dólares la hora, aunque no todos pueden pagar. “Ella, por lo menos, a veces me da pollo”, dice señalando a una vecina que la visita en su casa. Otra señora, repostera, le deja una torta a cambio de dos clases para su hijo.
Las llamadas tareas dirigidas -clases extraescolares- siempre existieron, pero ahora vienen tomando el lugar de la educación formal, sobre todo con la pandemia.
Si bien el gobierno ordenó clases virtuales, muchos alumnos de bajos recursos quedaron prácticamente excluidos por no tener internet, ni dispositivos para conectarse. Además, en varias regiones son frecuentes los cortes eléctricos.
Tras un año cerradas, las escuelas abrieron, pero las clases particulares o tareas dirigidas continúan siendo una alternativa ante una decadencia del sistema público que el gobierno de Nicolás Maduro no reconoce. No hay un censo, porque la mayoría opera en la informalidad, pero “cerca de un 30 por ciento de los niños en edad escolar, entre 6 y 16 años” van a estos centros alternativos, asegura Antonio Canova, director la ONG Un Estado de Derecho, basado en un estudio hecho en Montalbán y la gigantesca barriada de Petare en Caracas.
El “aula” de Martha, que es maestra en una escuela pública, tiene un comedor con cuatro sillas de madera en el porche. En un muro blanco que da a la calle se lee un anuncio: “Clases particulares”.
“Con ella aprendió mucho”, dice Silenia Mendoza (60), una comerciante que contrató a Martha como tutora de su nieta Natalia porque en el liceo “no dan mucha clase”.
A pocas cuadras, Nuris Lorenzo también da clases particulares. Tiene dos mesas de plástico con sillas de distintos diseños y colores, y una pequeña pizarra en una pared. De una caja saca letras dibujadas en cartón para enseñar a deletrear el alfabeto. “Yo creo que somos una opción para mejorar la educación”, apunta Nuris.
Tanto ella como Martha asistieron a un encuentro con la ONG Un Estado de Derecho para debatir los desafíos de la educación; una de las mayores preocupaciones es el difícil acceso a internet. De hecho, ambas dependen de vecinos para conectarse. Con las tutorías, las maestras complementan el salario de unos 90 dólares que les paga el Estado, casi tres sueldos mínimos.
Martha, que acude a juegos y trucos para hacer más amena la enseñanza, lamenta que colegas ganen más trabajando en una panadería, que como maestros. Algunos venden comida por encargo, trabajan como taxistas para cubrir la canasta básica, cercana a los 500 dólares, o piden colaboraciones económicas a los padres para evitar la fuga de maestros. A veces los padres se organizan para recolectar dinero en efectivo o alimentos para el docente. En un preescolar, por caso, los padres contribuían para juntar en total unos 20 dólares para darle a la maestra, además de su sueldo.
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