Una decisión legislativa que se hace esperar

El destino de la ley de alquileres que rige el mercado en la actualidad entró en el terreno de discusión legislativa hace varios meses. Las numerosas y diferentes críticas que sumó desde que se puso en práctica, llevó a una revisión de la normativa: los plazos de contratos y el sistema de actualización son dos de los ejes de discusión.

Según la Ley de Alquileres vigente, el plazo mínimo para los contratos de alquiler de viviendas es de 3 años y el precio del alquiler se fija como valor único, por períodos mensuales y con ajustes anuales, que se efectúan en base al Índice de Contratos de Locación. Cada 12 meses los inquilinos deberán afrontar una suba en base a los aumentos salariales y la inflación, siempre sobre el valor original del alquiler.

Hasta fines de junio de 2020, antes de ser promulgada la Ley de Alquileres (27.551), el precio se definía cuando se firmaba el contrato, y ese monto total se dividía por los 24 meses de duración del alquiler y, en general, se pactaba con subas semestrales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en forma anual en nuestra región.

Una de las ideas que ganó terreno durante el debate fue regresar a los dos años de contrato y un sistema diferente de actualización de precios.

El dictamen de minoría unificado sobre alquileres tiene como objetivos “incentivar la oferta de inmuebles para alquiler, volver al plazo de dos años y brindar mayor libertad y autonomía en la negociación del ajuste del precio entre las partes, locadores e inquilinos”, se detalló. Y se remarcó que “la intervención del Estado en el mercado de alquileres no debe darse en los precios, sino a través de los incentivos fiscales para incrementar la oferta de propiedades en alquiler”.

Sobre el dictamen de mayoría, se explicó que busca “un equilibrio y compensar las posiciones” de los sectores involucrados. Trata de equilibrar el derecho constitucional a la vivienda con el derecho a la propiedad”.

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Con respecto al debate que se inició para modificar o derogar la ley nacional de alquileres, en distintas oportunidades los martilleros locales plantearon que “no puede regir el mismo criterio para distintos zonas del país, ya que hay realidades heterogéneas”.