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Política y Economía |UN TRIBUNAL DE CASACIÓN CONFIRMÓ EL PROCESAMIENTO DE LA VICEPRESIDENTA
Un camarista federal pidió analizar un posible juicio político a Cristina

Lo hizo en minoría el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens, en la causa por el uso de aviones oficiales para trasladar muebles al sur

Un camarista federal pidió analizar un posible juicio político a Cristina

Confirmaron el procesamiento a Cristina Kirchner / AFP

29 de Septiembre de 2022 | 04:04
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Un tribunal de casación confirmó el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una causa por el presunto uso irregular de aviones oficiales en su periodo como presidenta (2007-2015), informaron fuentes judiciales. En concreto, la sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal reafirmó la acusación que había hecho un juzgado inferior, que la consideró responsable del delito de peculado (malversación de fondos públicos), por presuntamente usar aviones oficiales para trasladar muebles para equipar alguno de los hoteles de la familia Kirchner en El Calafate. Pero uno de los camaristas había ido más allá al pedir, en minoría, la detención de la ex mandataria.

Si bien en noviembre de 2019 la misma cámara ya había confirmado el procesamiento, el 26 de mayo de este año la Cámara Federal de Casación Penal dispuso anularlo con el fin de que se dictara un nuevo pronunciamiento del tribunal.

LA APROBACIÓN

El fallo conocido ayer fue aprobado por mayoría por los jueces Leopolgo Bruglia y Pablo Bertuzzi que, a su vez, como ya ocurrió en la instancia anterior, excluyeron como delito el hecho de que se usaran los aviones para trasladar diarios -al considerar que eran elementos vinculados a sus funciones como jefa de Estado-, y ratificaron la falta de mérito en la causa del entonces secretario de la Presidencia y hoy senador Oscar Parrilli.

El tercer juez del tribunal, Mariano Llorens, había pedido que se analice si debería abrirse un juicio político contra la Vicepresidenta, a fines de que sea detenida.

De acuerdo al fallo, Llorens aseguró: “Habré de encomendar al magistrado de grado se considere, en atención al acento distintivo de los hechos del sumario como testimonios de una matriz de corrupción especialmente dañina para los destinos de la Nación (artículo 36 de la Constitución Nacional), que debe ser prevenida, erradicada y sancionada, que evalúe los extremos aquí indicados para precisar la senda que se habrá de transitar”.

Y agregó: “Respecto de la porción del proceso que ingresa en el campo del derecho criminal, deberá analizar si el camino para asegurar las medidas de cautela personal es el juicio que la Constitución Nacional impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue investido, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional”.

“En lo que refiere a los restante eventos, carentes de relevancia penal, pero de innegable desvalor ético, corresponde poner en conocimiento de las autoridades competentes del Parlamento Argentino esta resolución para que, en el ámbito de su competencia, evalúe el inicio del proceso constitucional en cuyo marco se analice el desempeño revelado por los imputados como custodios de los bienes públicos”, agrega la resolución.

Sus colegas Bruglia y Bertuzzi no tuvieron el mismo criterio, por lo que a los fines de la resolución sólo se confirma el procesamiento de Cristina Kirchner y el embargo.

EL ORIGEN DEL CASO

En marzo de 2019, el juez de primera instancia Claudio Bonadio -que falleció en febrero de 2020- había procesado a Fernández y Parrilli por el presunto uso de los aviones presidenciales para llevar los diarios a la exmandataria y al fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) cuando estos se encontraban en las ciudades de Río Gallegos y El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.

También habían sido acusados de haber usado el avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar desde el exterior muebles y otros objetos cuyo presunto destino final era alguno de los hoteles en El Calafate propiedad de los Kirchner.

La confirmación de este procesamiento, que se suma a otras causas abiertas contra la expresidenta, se produce en la recta final del hasta ahora único juicio en marcha que Fernández enfrenta por presunta corrupción durante su mandato presidencial, en el que el fiscal ha pedido contra ella 12 años de prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.

 

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