La deuda del Estado frente a las víctimas de las tomas de tierras en nuestra zona

Sólo la indiferencia o la lentitud con que reaccionan los distintos organismos del Estado -entre ellos, los agentes fiscales del Ministerio Público que están obligados a actuar de oficio al anoticiarse por cualquier medio de la existencia de un delito- puede explicar que la zona de La Plata se haya convertido en uno de los territorios más propicios para las tomas de tierras.

Esta situación, en las últimas jornadas, volvió a presentarse en el barrio de San Carlos, en episodios en los que no sólo algunas personas ocuparon terrenos baldíos, sino que intentaron apoderarse de algunas de las viviendas allí radicadas.

En el informe publicado en este diario se detallaron las características de los intentos de usurpación que se registran en 158 y 50, así como en 155 entre 49 y 52, en donde funcionaba un depósito de la Fiscalía de Estado bonaerense.

En este último caso, entonces, la toma no dejaría de ser paradójica ya que le concierne a la dependencia pública encargada de defender los bienes e intereses de la Provincia.

Aquí los vecinos se preguntan si toda la gente que ocupa los terrenos que pertenecieron a la Fiscalía de Estado regularizaron su situación con escritura, cuentan con permisos de obra y pagan impuestos. Y agregan que cuando denuncian estas situaciones, no obtienen respuestas oficiales.

En el primero de los casos, además de ingresar a dos lotes baldíos, un violento grupo conformado por unas diez personas intentó tomar casas habitadas, pero ante el rápido accionar de los vecinos, se dio aviso a la policía. Y esta vez, los efectivos llegaron a tiempo para frenar esas tentativas de apropiación.

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En la nota publicada en la víspera, se aludió al hecho de que las usurpaciones de inmuebles que realizan bandas con presuntas finalidades políticas –y también a las de grupos que después de ocupar parcelas, proceden a “lotear” y desarrollar un verdadero negocio inmobiliario-, en caso de que un juez decida ordenar el desalojo montan de inmediato escenas en las que aparecen matrimonios con bebés en brazos, para generar así mecanismos que neutralicen la orden judicial.

Frente a esos y otros recursos, la policía suele dejar de actuar. Mientras tanto, los intrusos consiguen que el litigio pase del fuero penal al civil, en el que se tardará años para resolver la cuestión. Y entonces, suele ocurrir que alguien contacta al legítimo propietario y le propone una transacción para recuperar rápidamente el inmueble. Bien se conoce que las mafias saben actuar, en especial cuando el Estado se demora en aplicar las leyes vigentes.

Mas allá de todas las consideraciones que pueden formularse ante la grave falta de seguridad jurídica que acompaña a estos hechos, se ha dicho ya, en forma reiterada, que ninguna ciudad y en especial la de La Plata puede permitirse que se irradie un urbanismo caótico, que perjudica en forma integral a la sociedad.

Bien se conoce que, tanto los intrusos como los vecinos históricos terminan por sufrir, a partir de una toma ilegal, toda clase de problemas y privaciones por la inexistencia o las falencias -a veces absolutas- de los servicios de infraestructura.

Correspondería señalar, una vez más, que el Poder Judicial, el Ejecutivo provincial y los Municipios se encuentran en deuda frente a las víctimas de este delito, convertido en un verdadero flagelo social.

Esa omisión, también, que constituye una injustificable mora para acudir en defensa de la vigencia de la ley y de la Constitución, resulta injustificable por parte de funcionarios y magistrados que tienen la responsabilidad de aplicar los cuadros normativos y no lo hacen en tiempo y forma.