España: el jueves se vota la continuidad de Sánchez

Los socialistas españoles presentaron ayer el proyecto de ley de amnistía para los implicados en el proceso secesionista catalán, medida que abre la puerta a la investidura (y continuidad) de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y que está generando masivas manifestaciones de rechazo en el país.

Tal y como pedían los partidos independentistas de Cataluña ERC y Juntos para apoyar a Sánchez, registraron en el Congreso el proyecto de ley de amnistía antes de que se vote su investidura, que se debatirá mañana miércoles y el jueves en el Congreso de los Diputados. En una rueda de prensa, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, insistió en que es “plenamente constitucional” tanto en el contenido como en su finalidad y que servirá “para la normalización institucional, política y social en Cataluña”. Bolaños, uno de los negociadores de este texto con los partidos independentistas catalanes, explicó que la amnistía es “un instrumento político reconocido en el derecho internacional” y recordó que en Europa se han dado más de 50 amnistías desde la Segunda Guerra Mundial.

La amnistía, que generó críticas de amplios sectores de la sociedad española, cuenta sin embargo con el apoyo de un gran número de partidos de izquierda y nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, cuyos votos son imprescindibles para que Sánchez obtenga en el Congreso el respaldo necesario para superar la investidura y gobernar España durante los próximos cuatro años.

La medida, según el texto presentado hoy, anulará la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de todas aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso secesionista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.

Se aplicará no sólo a los líderes de los partidos independentistas y a sus principales dirigentes, sino también a directores de colegios en los que se pusieron las urnas para el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, alcaldes, manifestantes, así como los agentes policiales que actuaron durante esa consulta, considerada ilegal por la justicia española.

Después de que los socialistas sostuviera durante años que la amnistía no era posible, la nueva ley justifica su necesidad en que la aplicación de la legalidad es “necesaria” pero “en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo”, y aboga porque el Derecho se adapte al contexto político.

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Uno de los beneficiados por la amnistía sería el expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia y residente en Bélgica desde hace seis años, pues según la nueva ley “quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión” así como “las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”, que afectan también a otros tres dirigentes fugados.

Puigdemont y Sánchez son el foco de las protestas que desde hace más de una semana sacuden las distintas ciudades de España en contra de la amnistía, algunas de ellas violentas.

No obstante, la ley de amnistía excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y también quedan fuera los delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, “siempre que superen un umbral mínimo de gravedad”.

De esa forma, se abre la puerta para la amnistía de los policías y guardias civiles encausados por las cargas para impedir el referendo de 2017, siempre que no hayan incurrido en conductas de extrema gravedad.

Una vez cerrados los acuerdos necesarios para la investidura de Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunció que el debate se llevará a cabo mañana y el jueves.

El partido socialista (PSOE) cerró acuerdos con los partidos independentistas catalanes y vascos, así como con otras formaciones nacionalistas y de izquierdas, con lo que reúne 179 votos a favor, mayoría absoluta de la Cámara, que cuenta con 350 bancas, y sólo votarán en contra el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox.

El debate tendrá lugar casi cuatro meses después de las elecciones generales del 23 de julio y después de que fracasara la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ganador de esos comicios, aunque no consiguió mayoría suficiente para formar Gobierno.

RECHAZO A LA AMNISTÍA

Una vez conocido el texto de la amnistía, desde el PP insistieron en reclamar una repetición electoral, ya que de lo contrario, avisan, Sánchez será un “presidente trampas” porque llegará al Gobierno a lomos de un “engaño masivo” en el que los “primeros engañados” fueron sus votantes.

Desde Vox anunciaron que hoy martes solicitarán al Tribunal Supremo la suspensión del pleno de investidura de Sánchez como medida cautelar y presentará su anunciada querella contra el presidente del Gobierno en funciones.

Por su parte, Sánchez pidió “serenidad” a sus compañeros en la reunión de la dirección del partido, expresó su “alegría” porque el proceso de investidura “ha salido bien”, y señaló que el objetivo no es la amnistía, sino lograr un “gobierno de progreso”. (EFE)

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